
Las cifras hablan por sí mismas. 4.114 municipios españoles, el 50,7% del total, no tiene ninguna oficina bancaria. Esto supone que 1,25 millones de ciudadanos no tienen acceso a las sucursales en el municipio donde residen, lo que supone el 2,7% de la población, radicada sobre todo del mundo rural. Desde el inicio de la crisis ha crecido un 34% el número de personas sin acceso directo al banco; en número de pueblos, el incremento es del 15,2%, según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) presentado hace unos días y que incluyen datos hasta 2016, suficiente para demostrar que el fenómeno de la exclusión financiera no para de crecer.
Según los datos del informe, realizado por por Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE y catedrático de la Universitat de Valencia, Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de poblaciones sin oficina bancaria, un problema que afecta al 16% de sus habitantes. Por el contrario, prácticamente todos los municipios de Murcia y Baleares tienen, al menos, una sucursal.
Maudos, que augura que se seguirán cerrando sucursales en los próximos años, reclama a las entidades financieras y a las administraciones públicas que "implementen medidas para evitar la exclusión financiera”.
La Asociación Española de Banca (AEB), parece haber recogido el guante, consciente como es de que desde el pico máximo de la crisis se ha clausurado un 40% de las sucursales y que el proceso de cierre de oficinas no va a parar. Así, recién estrenado su segundo mandato hace unas semanas, el presidente, José María Roldán, estrenaba su segundo mandato al frente de la patronal bancaria con una propuesta para que, en las localidades sin sucursales, las entidades se comprometan a tener oficinas rotatorias o cajeros automáticos multimarca, u otra fórmula cooperativa que garantice la provisión de servicios financieros básicos a todos los habitantes de España. Roldán destacaba en su discurso que este sistema de cooperación entre bancos está muy extendido en países con grandes zonas sin sucursales, como EEUU y Canadá. “Las fórmulas de cooperación pueden tener sentido para el mundo rural, en el que va a ser difícil que tengan acceso a la presencia bancaria física permanente, garantizan la provisión de servicios financieros básicos, y no plantean problemas de competencia”, argumenta.
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