sábado, 19 de mayo de 2018

Continúa la negociación

Hoy ha tenido lugar la cuarta reunión, para negociar las condiciones de homologación de la fusión de Banco Santander con Banco Popular y Banco Pastor. El Banco se mantiene firme en su intención de utilizar este proceso para implantar una modificación sustancial en los horarios actuales de las Oficinas SMART RED, por lo que las posiciones siguen alejadas. UGT, defiende como premisa fundamental el registro de jornada con carácter universal para toda la plantilla y un sistema de desconexión al finalizar la jornada laboral que garantice la no prolongación después del horario legal.
Con carácter previo a la reunión oficial el Banco nos ha informado de la implantación de un proyecto piloto denominado “2 x 1”, que se va a implantar a partir del mes de junio en 30 oficinas, aunque pueden aumentar el número progresivamente. El proyecto contempla que en esas oficinas se comparta espacio físico entre las redes de Santander y Popular y por tanto los trabajadores de ambas entidades estarán en el mismo local atendiendo cada uno de ellos a sus clientes de forma
independiente. Es posible que se pueda producir algún intercambio de funciones entre directores y subdirectores de ambas redes. Esta situación de eventualidad terminaría cuando se produzca la fusión efectiva.
No ha habido ningún avance, ni en el tema de la homologación, ni en el tema del cambio horario. El Banco mantiene, pese a la solicitud que hemos vuelto a reiterar desde UGT de desvincular la negociación de cambio de horarios con la de homologación, su posición de bloque.
Para UGT, más allá de hablar de dos o cuatro tardes, es deseable un modelo que permita mayor conciliación y una mejora sustancial en las condiciones en el caso de alcanzar un acuerdo que, hoy por hoy, está muy lejos de poder lograrse. La posición de UGT, por responsabilidad sindical y teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una negociación del artículo 41º del Estatuto de los Trabajadores, es la de mantenernos en la Mesa, negociando y aportando soluciones en positivo en materia de homologación.
La próxima reunión se ha fijado para el día 23 de mayo.

viernes, 18 de mayo de 2018

Código de Buenas Prácticas: Nuestros servicios jurídicos recomiendan no firmar


En relación al Código de Buenas Prácticas en la Información y el Asesoramiento Financiero en productos de inversión proporcionado por la consultora de formación CORPORATE LEARNING ALLIANCE, nuestros servicios jurídicos recomiendan no firmar este documento.

jueves, 17 de mayo de 2018

El Tribunal Constitucional admite a trámite la demanda de la PPiiNA sobre permisos igualitarios

El Tribunal Constitucional acepta el recurso de amparo de uno de los 9 padres que, apoyados por la Plataforma Por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), iniciaron un proceso para reclamar un permiso de paternidad igualitario
Los padres demandaron a la Seguridad Social por discriminación, reclamando prestación y permiso de paternidad de igual duración que el de maternidad y pagado al 100%.
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la demanda de un padre para reclamar un permiso de paternidad de igual duración que el de maternidad y pagado al cien por cien, alegando que la actual regulación es discriminatoria.
En una providencia, el TC acuerda resolver en Pleno el recurso de amparo presentado por ese progenitor, con el apoyo de la Plataforma por permisos Igualitarios e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), al apreciar una “especial trascendencia constitucional”.
El TC explica que este recurso “puede dar ocasión al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes”, ya que el asunto planteado “plantea una cuestión jurídica relevante y general de repercusión social o económica”.
Además estudiará si el derecho fundamental que el progenitor alega que se vulnera pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general.
Con esta resolución, el tribunal acepta estudiar el recurso de amparo de uno de los nueve padres que, apoyados por la PPIINA, iniciaron un proceso judicial en 2016 para reclamar un permiso de paternidad igualitario.
Los padres demandaron a la Seguridad Social por discriminación, pidiendo un permiso intransferible de igual duración que el de maternidad y pagado al cien por cien de la base reguladora.
Para esta plataforma, el pronunciamiento de TC “es una oportunidad para superar una doctrina constitucional antigua, trasnochada y que no se sustenta en las que deberían ser las finalidades de los permisos”.
“Una regulación obsoleta que ya no se adapta a las aspiraciones de igualdad de la ciudadanía: los permisos deben no solo permitir el cuidado de la criatura recién llegada, sino además que dicho cuidado se realice de forma igualitaria entre ambas personas progenitoras”, explica la PPIINA.
Esta plataforma, que agrupa a más de 150 asociaciones, propone el único diseño de los permisos, que conseguiría que padres y madres se queden al cargo de sus bebés en solitario durante el mismo tiempo el primer año de vida.
Alegan que el sistema actual es explícitamente discriminatorio al conceder a los hombres un permiso cuatro veces menor que el de las mujeres.

miércoles, 16 de mayo de 2018

Prestación Seguridad Social por cuidado hijo con cáncer u otra enfermedad grave

Hasta hace unos años, muchos progenitores se veían en la necesidad de reducir su jornada en situaciones de enfermedad grave de un hijo. Una prestación de la Seguridad Social trata de compensar esa pérdida de ingresos.


¿A quién va dirigida?
La prestación por cuidado de un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave que cubre la Seguridad Social se dirige a progenitores, adoptantes o acogedores con un hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave de las recogidas en el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio. Esta prestación se reconoce al progenitor que reduce su jornada laboral al menos en un 50% para el cuidado del menor, siempre y cuando los dos padres trabajen. El hijo enfermo debe requerir un ingreso hospitalario de larga duración o la continuación del tratamiento médico en el domicilio, tras el diagnóstico y hospitalización.
Se trata de compensar la pérdida de ingresos que sufren los trabajadores al tener que reducir su jornada laboral, con la consiguiente disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente del menor a su cargo.
Requisitos
Es requisito imprescindible que trabajen los dos progenitores, estén afiliados y en alta en algún régimen de la Seguridad Social o mutualidad de previsión social establecida por el correspondiente colegio profesional, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, y acrediten los periodos mínimos de cotización exigibles en cada caso, que son los siguientes:
No se exigirán períodos mínimos de cotización a las personas trabajadoras menores de 21 años.
Entre 21 y 25 años, 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación o 180 días a lo largo de su vida laboral.
A partir de 26 años, 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la solicitud o 360 días en el total de su vida laboral.
Los trabajadores autónomos y aquéllos sobre los cuales recaiga la obligación de cotizar deberán estar al corriente de pago, a tal fin será de aplicación la invitación al pago.
Esta prestación no es aplicable a los funcionarios públicos, que se regirán por lo establecido en el art.41.e) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y normativa que lo desarrolle.
¿Cuánto me van a pagar?
La prestación económica da cobertura sólo a uno de los progenitores. Consiste en un subsidio, de devengo diario, equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales o la derivada de contingencias comunes, cuando no se haya optado por la cobertura de las contingencias profesionales. El subsidio se calcula en proporción al porcentaje en que se reduzca la jornada laboral realizada.
¿Quién lo gestiona?
La gestión y el pago corresponden a la entidad gestora (INSS o ISM) o mutua colaboradora con la Seguridad Social con la que el trabajador tenga cubiertas las contingencias profesionales. No obstante, cuando la persona trabajadora no tenga la cobertura de los riesgos profesionales, es competente para la gestión de la prestación la entidad gestora o mutua que asume la cobertura de la incapacidad temporal por contingencias comunes.
¿Cuánto dura?
El derecho a la prestación nace a partir del mismo día en que se inicia la reducción de jornada. La solicitud ha de formularse en los siguientes tres meses. Si no es así, la prestación se reconoce, pero su retroactividad no va más allá de esos tres meses.
La prestación se reconoce por el plazo de un mes, prorrogable por periodos de dos meses, cuando subsista la necesidad del cuidado del menor, que deberá acreditarse mediante declaración del facultativo del Servicio Público de Salud (SPS) u órgano de la comunidad autónoma correspondiente responsable de la asistencia médica del menor.
La prestación se extingue por varias razones: por la incorporación plena del beneficiario al trabajo, al cesar la necesidad del cuidado del menor, cuando uno de los progenitores cesa en su actividad laboral, por cumplimiento de los 18 años del menor o por fallecimiento del menor o el beneficiario de la prestación.
¿Puede quedar en suspenso?
La prestación queda en suspenso en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, jubilación, incapacidad permanente, por cualquier causa de suspensión de la relación laboral o, en el supuesto de alternancia en el percibo del subsidio, cuando se le reconozca al otro progenitor.

martes, 15 de mayo de 2018

Fórmate con nosotros: 9ª Edición de Estudios Universitarios

No pierdas la oportunidad de seguir formándote.

👉Martes 22 de mayo, sesiones informativas en la sala de actos de UGT en Rambla Santa Mónica, número 10 de Barcelona.
✅Grado en Derecho. Sesión matutina: 10,30h - 11,30h. Tarde: 16,30h - 17,30h
✅Grado Dirección de Empresas. Sesión matutina: 12,30h - 13,30h. Tarde: 17,30h - 18,30h
👉Las personas interesadas deben de rellenar este formulario. Para cualquier duda o consulta, podéis llamar al 902 107 146 o si lo preferís, enviar un correo electrónico a: estudisuniversitaris@catalunya.ugt.org

lunes, 14 de mayo de 2018

Mientras Santander niega una póliza de responsabilidad civil para sus empleados, destina 10 millones al año a asegurar a su cúpula ante litigios

El grupo cubre con varias pólizas la responsabilidad civil de sus consejeros y altos cargos en España y en todas sus filiales, con Zurich como principal aseguradora.
Santander destina diez millones de euros anuales a cubrir la responsabilidad civil de su cúpula ante posibles litigios. 
Este importe incluye 130.000 euros destinados a proteger a los actuales consejeros y a la alta dirección de Popular tras su resolución. Las cuentas de éste incluyen un abono de 2,35 millones en primas de responsabilidad civil de consejeros y directivos, más del doble que en 2016. Popular contrató con la aseguradora americana Chubb la cobertura de su responsabilidad civil, que sustituyó a Allianz en este cometido (ver información adjunta).
Con estas pólizas, el grupo protege a sus ejecutivos ante las posibles reclamaciones económicas que tengan que afrontar por daños causados involuntariamente a terceros en su trabajo habitual.
Santander contabilizó el año pasado en sus cuentas 10,5 millones (9,3 millones en 2016) en primas de varias pólizas que cubren a "consejeros, altos directivos, otros directivos y empleados del grupo y al propio banco y a sus filiales". Añade que no es "posible desglosar o individualizar el importe que corresponde a consejeros y directivos".
Estas pólizas, con Zurich como aseguradora principal, se incluyen en el importe total desembolsado por Santander en primas de seguros: 78 millones en 2017, un 13% más que en el ejercicio precedente. Popular destinó en total 7,5 millones a seguros, casi tres veces más que en 2016.
Santander es el banco que ofrece información más detallada en sus cuentas sobre la contratación de sus seguros. 
Bankia incluye en su informe anual del año pasado 3,7 millones (3,8 millones en 2016) en seguros.
CaixaBank suscribió en el ejercicio anterior una póliza de responsabilidad civil de altos cargos por 623.000 euros.
Al margen de la cobertura de daños involuntarios a terceros, las entidades guardan en sus balances provisiones destinadas a atender otros litigios abiertos. Tras la compra de Popular, Santander disparó el año pasado un 45% sus provisiones para pleitos en España, hasta alcanzar 1.666 millones, frente a los 1.148 millones del ejercicio precedente. El grupo tiene una amplia batería de frentes abiertos con inversores que se sienten perjudicados por la adquisición de Popular y que en buena parte han acudido a los tribunales. La entidad considera que no es posible anticipar la totalidad de las pretensiones concretas que se harán valer, ni sus implicaciones económicas, particularmente cuando es posible que las eventuales reclamaciones no cuantifiquen sus pretensiones y aleguen interpretaciones jurídicas nuevas o involucren muchas partes.
El aumento de las provisiones en España contrasta con la reducción del saldo de las provisiones del grupo para cubrir otros riesgos. El descenso más acusado, del 13,3%, es el de las provisiones del grupo en filiales de la UE que se sitúan en 1.127 millones.
Las provisiones de Santander en Brasil, donde el grupo tiene abiertas numerosas reclamaciones, caen un 7,7% al quedar en 2.504 millones.
Bankia recortó el año pasado un 11% sus provisiones para litigios, hasta 352 millones. Al cierre de 2017, contabilizaba 2.094 procedimientos civiles de inversores minoristas por su salida a Bolsa en 2011.
CaixaBank cerró 2017 con una hucha de 802 millones, frente a los 633 millones que tenía un año antes. La entidad fija entre sus prioridades la necesidad de gestionar el incremento de la litigiosidad, algo compartido por prácticamente todas las entidades.
La mayor parte de la hucha de CaixaBank está en el apartado de contingencias legales, con 504 millones, un 47% más que en 2016. Las provisiones para impuestos alcanzar 298 millones. El banco ha incorporado una provisión de 73 millones por BPI. 
La era digital ha hecho que la banca incorpore ahora en sus coberturas los seguros contra ciberataques, una cobertura en la que destaca la estadounidense AIG.
Fuente: Expansión