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sábado, 10 de diciembre de 2016

Pepe Álvarez, secretario general de UGT: Blindar las pensiones


El Pacto de Toledo inicia al fin su andadura, justo ahora que se plantea como indispensable, debido a la ineficacia demostrada por el Gobierno del Partido Popular en la gestión equilibrada y eficiente de la financiación de la Seguridad Social. Se requieren medidas urgentes resultado del consenso, como es urgente también recuperar la confianza en el sistema, algo que obliga al nuevo Gobierno a girar 180 grados en el discurso opaco en que ha desarrollado la última legislatura en materia de pensiones.
Y es que es realmente fácil desconfiar. Mirando en perspectiva, resulta increíble que un sistema como nuestro sistema de Seguridad Social, ahora y exclusivamente debido a los cuatro últimos años donde los déficits se han disparado de manera astronómica, pueda hablarse del final o el recorte del sistema de pensiones por su insostenibilidad. A partir de 2012, la reforma laboral ha generado un déficit que el Gobierno no ha sabido solucionar y que ha propiciado el florecimiento de las expectativas de quienes persiguen el negocio de 85.000 millones de euros anuales de las pensiones, algo inverosímil en nuestro país, pues los salarios ínfimos hacen imposible costear los 7.700 euros anuales de ahorro medio que requiere un plan privado de pensiones.
Sería una injusticia intolerable que, por los déficits generados por las políticas desde 2012, se recortaran las pensiones de quienes cotizan en una Seguridad Social excedentaria desde los años sesenta, lo que además es contrario a nuestra Constitución. Los Gobiernos deben cuidar y gestionar adecuadamente el sistema de pensiones y eso no incluye ni los recortes ni el desmembramiento del sistema. Es urgente pues derogar instrumentos de recorte de las pensiones, como lo son el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad impuestos unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular.
UGT va a apostar por el refuerzo de nuestro sistema de pensiones y ello pasa porque de una vez por todas se blinde la financiación del mismo de forma que los futuros Gobiernos no puedan con sus políticas llevarlo al borde del precipicio. De haberse adoptado medidas de blindaje de la financiación de la Seguridad Social con anterioridad, el Gobierno del Partido Popular no podría haber costeado las bonificaciones a las empresas por contratación de desempleados con cargo a la caja de la Seguridad Social, ni se costearían los gastos de mantenimiento de la propia Seguridad Social con cargo a la misma caja.
El problema actual del déficit de la Seguridad Social es que el Gobierno ha destinado los ingresos procedentes de las cotizaciones a costear cosas muy distintas a las pensiones. Y esto se ha hecho en una época de fuerte descenso de las cotizaciones por la reforma laboral, lo que es exactamente lo contrario de lo que se debería haber hecho. Si el Gobierno hubiera seguido el ejemplo del entorno europeo, debería haber compensado la caída de ingresos a través de medidas complementarias. Es lo que se ha hecho en países cercanos: tasas de gravamen directas al consumo, hasta superar el déficit de las cuentas. Aquí, se podría haber destopado las bases de cotización que cada año dejan 26.100 millones de euros sin cotizar. Y haber previsto, y con ello dotado presupuestariamente, las disposiciones del fondo de reserva evitando así acabar con los superávits acumulados en el fondo desde hace una década.
Ahora es el momento de romper el tabú existente en España en materia de impuestos. Tabú sí, pues de otra manera no puede explicarse que España sea el único país del entorno europeo donde los ingresos por cotizaciones del sistema contributivo de pensiones no se incrementan con aportaciones procedentes de los impuestos. En España el gasto en pensiones supone un 10% del PIB, mientras que en los países del entorno puede llegar al 14%. Esto supone 40.000 millones de euros, cantidades que en Francia se completan con impuestos. Solo el impuesto denominado Contribution Sociale Géneralisée (CSG) paga el 35% de las pensiones francesas.
Para UGT este es el verdadero debate que ha de afrontarse en el Pacto de Toledo: habría que definir una exacción fiscal basada en una cesta de impuestos que anualmente aportara la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, calculada de forma que la diferencia sea siempre positiva y sirva para dotar el Fondo de Reserva. En UGT pensamos que con las políticas adecuadas, nuestro sistema es el mejor de los posibles. Y con él vamos a lograr el mejor de los futuros posibles para nuestra sociedad. Es el momento.

Artículo de Pepe Álvarez secretario general de UGT
Publicado en El País del sábado 10 de diciembre de 2016

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