Popular cerró el pasado 6 de noviembre un acuerdo
con los sindicatos para dar salida a 2.592 empleados, en el marco de un ERE
(Expediente de Regulación de Empleo), cuya finalidad es ahorrar entre 175 y 200
millones de euros anuales al banco.
El acuerdo fue suscrito por las organizaciones
CCOO, UGT, SEGRUPO, FITC y AMYC, que en conjunto representan el 86% de los
trabajadores. Sin embargo, otras asociaciones sindicales, como CIG, CGT, LAB y
ELA, no firmaron el acuerdo por considerar que las condiciones que ofrecía el
banco eran insuficientes.
Pese a su desacuerdo con el plan de bajas,
resulta paradójico que más del 89% de los delegados de estas organizaciones
decidió acogerse al ERE. En total, 41 de los 52 representantes que forman parte
de los cuatro sindicatos que se quedaron fuera del acuerdo se han adherido al
plan de ajuste de la entidad.
Concretamente, de la confederación gallega CIG se
han apuntado siete de nueve representantes; de CGT 22 de 27; de la abertxale LAB,
ocho de 11, y de la también vasca ELA, cuatro de cinco. Todos con edades
iguales o superiores a los 55 años.
Ello ha provocado cierto revuelo a nivel interno
en los pasillos y oficinas del quinto banco de España, ya que, “ante el exceso
de peticiones de bajas, 41 trabajadores no podrán acogerse al plan porque su
puesto ha sido ocupado por los representantes de la empresa, pese a que éstos
se negaron a firmar el ERE en los términos en los que se aprobó”, señalan
fuentes próximas.
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