Tras 300 días sin Gobierno, se han paralizado las políticas de protección a
los ciudadanos de este país y hemos asistido a una pérdida continua de
derechos. Millones de personas han perdido todas sus prestaciones, sus recursos
y la posibilidad de encontrar un empleo. Por ello, UGT exige al nuevo Gobierno
que tome medidas de manera urgente para atender a las personas en peor
situación. El sindicato reclama un nuevo contrato social que restablezca los derechos
sociales perdidos y que el Congreso debata de manera inmediata la necesidad de
una prestación de ingresos mínimos para las personas en peor situación, como le
demandó la población española a través de la ILP que presentamos las
organizaciones sindicales el pasado mes de mayo, con el fin de apostar de forma
decidida por fortalecer el Estado de Bienestar y rescatar a las personas de
este país.
Tras 300 días sin gobierno, 300 días en los que se han paralizado las
políticas de protección a los ciudadanos y ciudadanas, hemos asistido a una
permanente pérdida de derechos, a una caída sin red de millones de ciudadanos
que han perdido todas sus prestaciones, sus recursos y las posibilidades de
encontrar un empleo…Alrededor de 3,5 millones de personas padecen pobreza
severa y 13,3 millones (un 28,6 por ciento de la población) están en riesgo de
pobreza y exclusión social, con un 25% de trabajadores jóvenes en esta
situación. Personas que precisan que el nuevo Gobierno tome medidas urgentes
para paliar esta situación.
Desde UGT exigimos la urgente puesta en marcha de un nuevo contrato social
que reestablezca los derechos sociales y los anteponga a los intereses
económicos. La sociedad no puede esperar más porque las situaciones más
perentorias continúan aumentando.
Mientras el Gobierno considera incuestionable los recortes impuestos por
Bruselas, para UGT la solución no consiste en recortar 5.000 millones de euros,
sino en invertirlos y recuperar recursos para políticas sociales y de
protección a la población que se encuentra en vulnerabilidad social. Nos
encontramos en una situación de alarma social que nos hizo debatir nuestro
sistema de protección social y la respuesta que se ha venido dando ante las
necesidades de la ciudadanía. Nuestra conclusión más inmediata: es apremiante
una intervención pública.
De esta necesidad evidente, debe hacerse un replanteamiento de los sistemas
de protección social y seguridad económica. El crecimiento económico no es
suficiente para reducir la tasa de personas es situación de pobreza. La
capacidad redistributiva, que le corresponde al Estado, debe intervenir en la
creación de las políticas sociales y en estos momentos debe ser prioritaria,
para lograr una mayor cohesión social y equidad en todo el país. A su vez,
intervenir en la economía; con el objetivo de cambiar la distribución de la
renta, conforme a los principios de solidaridad e igualdad social. Entre esta
cobertura se encuentra la protección a las personas frente al riesgo de pérdida
o carencia de ingresos suficientes, a través de nuestro sistema de la Seguridad
Social que se establece como un instrumento de prevención de la pobreza.
Para ello, UGT plantea una serie de medidas con el objetivo de rescatar a
las personas mediante la creación de empleo, la protección social y el
desarrollo económico y social. Es imprescindible una actuación urgente.
UGT exige al nuevo Gobierno que ponga en marcha la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que presentamos en el mes de mayo para una Prestación de Ingresos
Mínimos. 165 días en los que más de dos millones de personas de este país está
esperando ampliar la acción protectora de la Seguridad Social y garantizar unos
ingresos que aseguren unas condiciones básicas para atender sus necesidades más
esenciales, ya que, con disponibilidad para trabajar, estas personas carecen de
empleo y de unos recursos económicos mínimos para ellos mismos y, en su caso,
para los familiares a su cargo. La Prestación de Ingresos Mínimos se debe
configurar como una prestación de derecho subjetivo enmarcada en el nivel no
contributivo de la Seguridad Social, debiendo garantizarse la financiación vía
impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
165 días de espera para la puesta en marcha de esta Iniciativa Legislativa
Popular, que con independencia de la voluntad de este Gobierno de realizar
políticas que protejan a las personas; se verá en la obligación de debatir esta
prestación en el Congreso. Iniciativa que ya se comprometieron a apoyar los
grupos parlamentarios para apostar de forma decidida por fortalecer el Estado
de Bienestar y rescatar a los ciudadanos y ciudadanas.
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