Se trata de Lucrecia Botín, sobrina del anterior presidente del Santander, que contaba con dos sociedades.
La familia Botín, accionista de referencia durante años del Banco
Santander, también aparece en los documentos del registro mercantil de Bahamas
conocidos como Bahamas Leaks, que han dado a conocer el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En concreto, esta vez se trata de Lucrecia Botín, hija de Jaime Botín -máximo
accionista de la entidad financiera Bankinter y conocido por el intento de
sacar de España una obra pictórica de Picasso de forma ilegal-, y prima de la
presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y, en consecuencia, sobrina del
fallecido Emilio Botín, según informaba días atrás el diario El Confidencial.
La mencionada Lucrecia es presidenta y consejera de dos estructuras en este
centro offshore, Triangle Capital Investments y San Miguel Capital Investments.
Ambas sociedades radicadas en el antiguo paraíso fiscal de las islas
Bahamas fueron creadas en septiembre de 2003 y, según la fuente citada, no
consta que hayan sido cerradas.
Según fuentes próximas a la familia, estas pantallas formarían parte del
entramado societario con el que la familia Botín ocultó el patrimonio que tenía
depositado en cuentas suizas del banco británico HSBC de Ginebra y que salió a
la luz en la famosa lista Falciani.
Como se recordará, según otra investigación anterior del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el fallecido presidente del
Banco Santander, Emilio Botín utilizó sociedades pantalla en las Islas Vírgenes
y Panamá para ocultar un patrimonio familiar que fuentes sin confirmar aseguran
que rondaría los 2.000 millones de euros.
Se supone que la utilización de las sociedades offshore en territorios que
se comportan habitualmente como lo que se considera paraísos fiscales, y que en
sí no es ilegal, tiene una lógica si se quiere ocultar un patrimonio al fisco.
De hecho la Audiencia Nacional imputó a los hermanos Jaime y Emilio Botín y
a los numerosos hijos de ambos, entre ellos Lucrecia, aunque la familia
cántabra ha defendido que el dinero supuestamente defraudado tiene su origen de
unos fondos que sacó de España el abuelo de Ana y Lucrecia, Emilio Botín Sanz
de Sautuola y López, durante el periodo de la Guerra Civil española de 1936-39,
cuando fue destituido de sus cargos en el Banco Santander tras ser intervenido
en aquella época por el Banco de España.
La Audiencia Nacional archivó finalmente la causa contra la familia por
considerar que las cantidades que sus miembros habían pagado a la Agencia
Tributaria eran suficientes para cubrir los impuestos impagados y los recargos
correspondientes.
Resulta esperpéntico que, la argucia legal por la que algunos delitos sean sobreseídos reciba el nombre de Doctrina Botín.
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