UGT, a través de su Unión de
Jubilados y Pensionistas, iniciará a partir de hoy, y a lo largo del
mes de septiembre, una campaña informativa para concienciar a la sociedad del
problema económico de las pensiones, provocado por la política económica
impuesta por el Gobierno del Partido Popular. El Sindicato, que no aceptará
ningún nuevo recorte en el Sistema Público de Pensiones, considera que el
problema del mismo no es de gastos, sino de ingresos, por lo que es necesario
buscar mecanismos alternativos de financiación, vía impuestos. UGT hace
un llamamiento a recuperar el consenso y el diálogo social en esta materia.
Bajo el lema ¡No te quedes parado, la pensión es tu derecho, tu bienestar y
el de los tuyos. Defiéndela”, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT junto
con la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato, inicia una campaña
informativa a lo largo del mes de septiembre para alertar sobre el deterioro
del Sistema Público de Pensiones, en los últimos 4 años, ante las decisiones y
“reformas” adoptadas por el Gobierno del Partido Popular e informar de las
propuestas de UGT para salvaguardar y reforzar el sistema público de Pensiones.
Esta campaña, que tendrá lugar en todo el territorio español, contempla la
celebración de asambleas informativas y acciones de reparto de propaganda a pie
de calle (en centro de salud, residencias, centros comerciales, bocas de metro
y paradas de autobús, etc.) y finalizará coincidiendo con el Día Internacional
de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre.
La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT denuncia el uso abusivo
que el Gobierno del PP ha hecho del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (el
1 de julio y sin información previa, el Gobierno en funciones sacó 8.700
millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el día 20 de
este mismo mes, retiró 1.000 millones de euros, esta vez para liquidar el IRPF
de las pensiones). De tal forma que hemos pasado de un Fondo de Reserva de
66.815 millones de euros en 2011 a 24.207 millones de euros, actualmente. Así
pues, el Fondo de Reserva apenas tiene recursos ya para afrontar tres nóminas
mensuales y de seguir a este ritmo se agotará el año que viene, en 2017. A este
ritmo el Fondo de Reserva se agotará en 2017.
UGT alerta de que pese a “la recuperación” la Seguridad Social camina
en 2016 hacia el déficit más abultado de su historia. La afiliación crece (3,4%
hasta junio) pero los ingresos no lo hacen igual (0,77%). Un grupo de
investigadores de la Universitat de Válencia calcula que en 12 meses los gastos
superarán a los ingresos en más de 17.350 millones, 750 millones más que al
cierre del año 2015. Falla la financiación del Sistema y esto se debe entre
otras razones a las reformas laborales, que han facilitado la destrucción de
empleo, han precarizado el trabajo y devaluado los salarios.
El sindicato denuncia, además, que se deje de subvencionar la contratación
con cargo a la caja de la Seguridad Social, pues esta práctica no está creando
empleo y sólo es una mera transferencia de rentas a las empresas.
Otros datos que conviene destacar es que desciende el número de afiliados
en un 11% entre el año 2007 a 2015 (se ha pasado de 19.396.291 personas afiliadas
a 17.308.400). Y aunque en este año se inicia un ligero repunte en la
afiliación, esto no se traduce en un incremento de las cotizaciones por
afiliado, porque los nuevos empleos que se crean (parciales, temporales,
precarios), causan la disminución de las bases medias.
El gasto en pensiones supone un porcentaje importante del PIB de un país,
máxime en la UE, donde el envejecimiento es un problema, pero España no es uno
de los países que más dinero dedica a pagar pensiones.
Datos de Eurostat de 2012, que incorpora el Informe Económico y Financiero
del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, reflejan
que en este momento, los países de la Eurozona gastaban de media en pensiones
un 13,5% de su PIB y España se situaba en el 11,4% de su PIB el décimo quinto
de 28 países.
Para UGT el verdadero problema del Sistema Público de Pensiones tiene
que ver con los ingresos y no con los gastos, por eso reclama establecer nuevas
vías de financiación a través de los impuestos, que complementen a las
cotizaciones sociales. Asimismo, demanda suprimir todas aquellas medidas que
han debilitado los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, como han
sido la precarización de los nuevos empleos y la devaluación de salarios
(consecuencia de la reforma laboral de 2012).
El sindicato considera que hay que recuperar el Pacto de Toledo y el
diálogo social en materia de pensiones. Esto implica derogar la última reforma
del Gobierno del PP pues la aplicación del Índice de Revalorización supone una
pérdida creciente de capacidad adquisitiva de los pensionistas actuales y
futuros (se calcula que en el medio y largo la pensión se reduzca entre un 15%
y un 26%). Por lo tanto, es necesario recuperar el Índice de Precios al Consumo
como la referencia para la revalorización de las pensiones, en el sentido que
reflejaba el antiguo artículo 48 de la Ley de la Seguridad Social 1/1994, así
como derogar el Factor de Sostenibilidad.
Asimismo, el sindicato considera que es necesario reconducir la regulación de la jubilación anticipada a la establecida en el Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011, suscrito por los interlocutores sociales y el Gobierno y trasladada posteriormente a la ley 27/2011, de 1 de agosto, más proporcional, justa y equitativa; y recuperar la utilidad y virtualidad de la jubilación parcial y el contrato de relevo como medida de fomento del empleo, permitiendo acceder a la misma a partir de los 60 años de edad y eliminando cualquier tipo de penalización o traba que pueda dificultar un incremento de su utilización.
Asimismo, el sindicato considera que es necesario reconducir la regulación de la jubilación anticipada a la establecida en el Acuerdo Económico y Social de febrero de 2011, suscrito por los interlocutores sociales y el Gobierno y trasladada posteriormente a la ley 27/2011, de 1 de agosto, más proporcional, justa y equitativa; y recuperar la utilidad y virtualidad de la jubilación parcial y el contrato de relevo como medida de fomento del empleo, permitiendo acceder a la misma a partir de los 60 años de edad y eliminando cualquier tipo de penalización o traba que pueda dificultar un incremento de su utilización.
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