Los mensajes del sector bancario continúan la misma línea respecto a la banca
española: España ha de reducir el número de oficinas. Si los expertos ya han
predicho que en la próxima década se cerrarán el
50% de las sucursales, la agencia de calificación Fitch ha elevado
la exigencia en su último informe insistiendo en esa necesidad.
La firma estadounidense ha recetado a la banca española una planificación
para disminuir una “tensión en las cuentas de las entidades que se notará sin
duda en los resultados de 2016”: reducir coste y cerrar oficinas. Así lo ha
mostrado en su último informe donde ha aplaudido el ejemplo del Santander,
Liberbank y Unicaja, entidades que ya han anunciado planes de cierre de
sucursales y reducción de plantillas.
Una reducción de la que ya ha advertido el recién reelegido presidente del
sindicato FINE, Luis José Rodríguez Alfayate, el cual ha alertado del “futuro
incierto que le espera al sector financiero”. De hecho, ha aventurado cifras
donde advierte de la posible desaparición
de 25.000 nuevos puestos de trabajo, que se sumarían a los 73.000
despidos que se han producido en el sector desde el inicio de la crisis en
2008.
La recomendación de Fitch se basa en los datos del Banco Central Europeo
(BCE) que sentencian que en España el número de habitantes por oficina se sitúa
en torno a 1.200, uno de los más bajos de los países de la zona del euro, lo
que sugiere que el exceso de capacidad instalada (redes de oficinas) sigue
siendo alto.
Pero no es el único problema que ha detectado la firma sobre la banca
española. Fitch ha asegurado que al sector español le seguirá resultando
difícil generar ingresos durante la segunda mitad de este año, en parte debido
a los bajos tipos de interés, que siguen presionando los márgenes, además de
que el ritmo de nueva concesión crediticia aún es lento.
Asimismo, la agencia de calificación ha recalcado que las entidades españolas todavía tienen el reto de reducir sus altos niveles de activos problemáticos, compuesto por los préstamos impagados y los activos adjudicados.
Asimismo, la agencia de calificación ha recalcado que las entidades españolas todavía tienen el reto de reducir sus altos niveles de activos problemáticos, compuesto por los préstamos impagados y los activos adjudicados.
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