La secretaria general de CEOE, Ana Plaza, pidió la semana pasada aproximar el mundo judicial y el empresarial para
lograr una mayor “sensibilidad” de los tribunales sociales hacia los problemas
de las empresas y poder reducir el “amplio porcentaje de sentencias” que son
favorables al trabajador.
“Un mayor y progresivo conocimiento y
acercamiento entre el mundo judicial y la empresa tendrá su traslación en los
pronunciamientos judiciales”, dijo Plaza en la inauguración de las
jornadas que “Análisis de la Negociación Colectiva”, organizadas por CEOE y el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De esta forma, Ana Plaza presiona e intenta someter a los
Jueces de lo Social, quienes probablemente sean el “último reducto” que todavía
permanece de un modo u otro sensible hacia la parte débil, el trabajador.
Ana Plaza lo tiene muy fácil: si cree que las
actuales sentencias “favorables” al trabajador no son acorde a Derecho , en
lugar de conferencias donde hablar micrófono en mano a empresarios y miembros
de un CGPJ politizado y afín a los intereses de los primeros, debería estar
tramitando demandas y acusaciones de prevaricación a cada juez que haya dictado
una sentencia que ella considere no conforme a Ley o inadecuada a sus
intereses.
Si cree que los jueces fallan “demasiado” a
favor de los trabajadores, entonces es que está segura que dichos jueces
prevarican por no aplicar la Ley o el Derecho como debe ser aplicado.
Si no acusa de prevaricación, simplemente miente.
En caso de que no exista prevaricación actual,
nos encontramos con un hecho todavía peor: Ana Plaza está pidiendo a los jueces
que prevariquen, ya que si actualmente aplicando el Derecho, las sentencias
mayoritariamente dan la razón al trabajador, lo que pide es que no se aplique
ese Derecho, o se aplique de manera que satisfaga los intereses de la patronal. Y a eso se llama prevaricar. Prevaricar es un
delito, y muy grave. Ana Plaza pide a los jueces que cometan un
delito.
Que haya efectuado estas declaraciones ante miembros de un Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) politizado y condicionado en lo que debería ser un
órgano independiente (Actualmente y tras la reforma del 27 de Junio de 2013,
los partidos políticos de ambas cámaras, Congreso y Senado, nombran a “sus”
candidatos sin ningún tipo de limitación),es un claro intento de presionar y condicionar la independencia de los jueces.
Que acaben consiguiendo derribar los Juzgados de
lo Social y hagan de dichas Salas un lodazal donde los intereses y beneficios
empresariales campeen a sus anchas y prevalezcan sobre el derecho de un simple
trabajador, tristemente, tampoco sorprendería a nadie.
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