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miércoles, 16 de marzo de 2016

La CEOE "sugiere" a los jueces que dicten menos sentencias a favor de los trabajadores

La secretaria general de CEOE, Ana Plaza, pidió la semana pasada aproximar el mundo judicial y el empresarial para lograr una mayor “sensibilidad” de los tribunales sociales hacia los problemas de las empresas y poder reducir el “amplio porcentaje de sentencias” que son favorables al trabajador.
“Un mayor y progresivo conocimiento y acercamiento entre el mundo judicial y la empresa tendrá su traslación en los pronunciamientos judiciales”, dijo Plaza en la inauguración de las jornadas que “Análisis de la Negociación Colectiva”, organizadas por CEOE y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De esta forma, Ana Plaza presiona e intenta someter a los Jueces de lo Social, quienes probablemente sean el “último reducto” que todavía permanece de un modo u otro sensible hacia la parte débil, el trabajador.
Ana Plaza lo tiene muy fácil: si cree que las actuales sentencias “favorables” al trabajador no son acorde a Derecho , en lugar de conferencias donde hablar micrófono en mano a empresarios y miembros de un CGPJ politizado y afín a los intereses de los primeros, debería estar tramitando demandas y acusaciones de prevaricación a cada juez que haya dictado una sentencia que ella considere no conforme a Ley o inadecuada a sus intereses.
Si cree que los jueces fallan “demasiado” a favor de los trabajadores, entonces es que está segura que dichos jueces prevarican por no aplicar la Ley o el Derecho como debe ser aplicado.
Si no acusa de prevaricación, simplemente miente.
En caso de que no exista prevaricación actual, nos encontramos con un hecho todavía peor: Ana Plaza está pidiendo a los jueces que prevariquen, ya que si actualmente aplicando el Derecho, las sentencias mayoritariamente dan la razón al trabajador, lo que pide es que no se aplique ese Derecho, o se aplique de manera que satisfaga los intereses de la patronal. Y a eso se llama prevaricar. Prevaricar es un delito, y muy grave. Ana Plaza pide a los jueces que cometan un delito.
Que haya efectuado estas declaraciones ante miembros de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) politizado y condicionado en lo que debería ser un órgano independiente (Actualmente y tras la reforma del 27 de Junio de 2013, los partidos políticos de ambas cámaras, Congreso y Senado, nombran a “sus” candidatos sin ningún tipo de limitación),es un claro intento de presionar y condicionar la independencia de los jueces.
Que acaben consiguiendo derribar los Juzgados de lo Social y hagan de dichas Salas un lodazal donde los intereses y beneficios empresariales campeen a sus anchas y prevalezcan sobre el derecho de un simple trabajador, tristemente, tampoco sorprendería a nadie.

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