El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que un juez ordinario pueda investigar al expresidente del Gobierno por el indulto que en su momento concedió al entonces consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz.
El Alto Tribunal, estima el recurso de súplica
presentado por el partido político Soberanía contra el auto ahora anulado y
acuerda que, en su caso, formule la querella ante el órgano jurisdiccional
competente para su conocimiento.
En la resolución ahora anulada, el Supremo
declaraba por segunda vez que el indulto otorgado por el Gobierno socialista al
que fuera consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, no constituyó
delito alguno y, por ello, desestimó la querella interpuesta por el partido
político Soberanía de la Razón (Soberanir) contra el expresidente José Luis
Rodríguez Zapatero por un delito de cohecho.
La decisión del Ejecutivo del PSOE, adoptada
cuando ya se encontraba en funciones, eximió a Sáenz de una condena a tres
meses de arresto e inhabilitación por denuncia falsa, según el auto dictado el
pasado 28 de marzo.
Soberanir había denunciado la arbitrariedad
de la medida de gracia concedida por un Gobierno que se encontraba en
funciones. Sugería en su querella que Rodríguez Zapatero que quería compensar al banco Santander por la refinanciación de cierta deuda y la
condonación de 12 millones de euros al PSOE, mientras que aludía al crédito hipotecario concedido por esta entidad a Rodríguez Zapatero para
la compra de un chalet.
A este respecto el Supremo señaló en su auto
de archivo que la vinculación directa entre la concesión del préstamo al
partido político del querellado y la concesión del indulto, o entre la
denunciada condonación de la deuda y la prerrogativa de gracia, no parece
factible por cuestión de fechas.
También indica que el querellante no aportó
ningún dato indicativo de que al expresidente del Gobierno se le haya condonado
un préstamo personal. No obstante, ahora da la oportunidad a Soberanir de
volver a presentar la querella ante un tribunal ordinario.
Recordemos que el
gobierno de España, liderado entonces por José Luís Rodríguez Zapatero, fue
mucho más clemente que los jueces y el 25 de noviembre de 2011 concedió el indulto
al entonces número 2 del Santander. La decisión levantó una polvareda de críticas, más
aún cuando se tomó en el último Consejo de Ministros del gobierno socialista,
reunido después de perder las elecciones y, por lo tanto, en funciones. Un
favor in extremis que pretendía borrar de un plumazo su inhabilitación.
¿Cómo razonó el gobierno este favor de última hora para
el representante del Santander? Se entendió que era razonable. Y punto, argumentó
Zapatero entonces.
Así pues, el gobierno echó mano una vez más de
un poder que debería ser usado en contadas ocasiones para salvar de la
inhabilitación a Sáenz.
Pero el Tribunal Supremo, se
interpuso en el camino del banquero. En una sentencia
sin precedentes, el juez decidió que el Gobierno no tenía potestad para
suprimir la inhabilitación implícita en la condena y le acusó de extralimitarse
en sus funciones. Los argumentos eran claros y acordes a la ley: el Gobierno
puede indultar la pena de cárcel, pero no puede evitar que, puesto que tiene
antecedentes, se le prohíba ejercer como banquero. El gobierno puede indultar,
pero no puede borrar los antecedentes penales del condenado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario