Los empresarios piden un contrato para jóvenes, de tres
años de duración, y con una remuneración inferior al salario mínimo de la empresa.
CEOE reclamará al próximo Gobierno que la ley permita
que, mediante pacto en el convenio colectivo, los empresarios puedan contratar,
cuando se cumplan determinadas condiciones, a nuevos trabajadores con salarios
más bajos, aunque hagan las mismas funciones que los antiguos. Las condiciones
para su contratación es que los nuevos empleados supongan un incremento de la plantilla
o que sea una situación temporal por necesidades de la empresa.
Así se recoge en el documento de trabajo, titulado
Propuestas laborales para el crecimiento de la economía española. Se trataría
de que el convenio pueda introducir de facto lo que técnicamente se conoce como
la doble escala salarial. Es decir que dentro de una misma empresa pueda haber
dos grupos de trabajadores -los antiguos y los nuevos- que desempeñando las
mismas funciones tengan salarios distintos. Con la cobertura del convenio, la
patronal trata de evitar que los tribunales desautoricen la medida ante la
posibilidad de que haya discriminación en las relaciones laborales con los
nuevos trabajadores contratados a partir de una determinada fecha. De hecho,
por esta razón, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la doble escala
salarial.
Sin embargo, en una famosa sentencia del 22 de diciembre
de 2014, el Tribunal Supremo reabrió el melón al pronunciarse sobre el tiempo
de vigencia de los convenios ya cumplidos.
En ese fallo, el Tribunal Supremo estableció que, una vez
caducado el convenio colectivo, las condiciones pactadas se incorporaban a los
trabajadores afectados por el mismo. Es decir que deja la puerta abierta a que
los nuevos empleados, que no están cubiertos por el convenio antiguo, puedan
ser contratados con condiciones laborales distintas, lo que preocupa a los
sindicatos.
CEOE plantea también una nueva reforma del despido
colectivo para facilitar el proceso a las empresas, a las que con frecuencia
los tribunales rebaten. Pide una simplificación de la documentación obligatoria
para explicar la reducción de plantilla. CEOE también quiere que el juez no
valore las causas económicas y de otra índole del despido. Sólo que compruebe
si la empresa ha cumplido los trámites establecidos por la ley. La
confederación quiere eliminar la obligación de las empresas con beneficios de
pagar al Tesoro Público por el coste de los trabajadores mayores de 50 años en
los despidos colectivos. La patronal también quiere suprimir la exigencia a las
empresas de ofrecer un plan de recolocación a los trabajadores afectados.
Hay muy poca vergüenza. Puestos a reformar, ¿qué tal si
comenzamos porque los despidos que sean declarados improcedentes, deban ser
readmitidos obligatoriamente?
No hay comentarios:
Publicar un comentario