
Después de que tanto la acusación particular como
el ayuntamiento de Barcelona han desistido de la causa, el ministerio fiscal,
reconociendo que los hechos no revestían la suficiente gravedad, ha rebajado su
petición de pena a 3 meses de privación de libertad. A continuación los
abogados defensores de nuestros compañeros han pedido la suspensión de la pena,
que ha sido aceptada por la jueza, dando por finalizado el procedimiento.
Desde UGT creemos que las imputaciones, con
petición de prisión, dirigidas contra el movimiento sindical y sus militantes,
por el ejercicio legítimo y constitucional del derecho a huelga, suponen una restricción
de los derechos y libertades básicas de los ciudadanos y las ciudadanas.
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