El juez de la
Audiencia Nacional Ismael Moreno tomó ayer declaración al primero de los
cargos de Banco Santander imputado por la comercialización de los bonos
convertibles comercializados en 2007 bajo el nombre comercial de Valores
Santander que atraparon a 129.000 ahorradores, muchos de ellos particulares que
pensaban que estaban invirtiendo en un plazo fijo.
Juan de Dios
Fontecha, que en aquella época era responsable de la Unidad de Control-División
de Medios y Costes, respondió al interrogatorio de la fiscalía y las
acusaciones durante cerca de tres horas. Es el primer imputado por la querella
que han interpuesto cerca de un centenar de afectados por las irregularidades
en la comercialización en 2007 de los bonos convertibles lanzados por el banco
para financiar la compra del holandés ABN Amro.
Durante
su interrogatorio Fontecha ha intentado justificar ante el juez que las
irregularidades detectadas en la venta de estos productos de inversión de alto
riesgo solo son producto de errores
puntuales de los
empleados de las sucursales, pero que no responden a órdenes dictadas por la alta dirección del banco, según
informan fuentes conocedoras del caso.
Sin embargo,
Fontecha que ha estado acompañado por dos abogados del despacho de Uría y
Menéndez, entre ellos el prestigioso penalista Jaime Alonso Gallo que defendía
a la entidad financiera, sí ha llegado a reconocer que el procedimiento
ejecutado en las oficinas no respondía con exactitud al descrito en el folleto
presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Buena parte de
la declaración se ha centrado en explicar por qué muchas de las órdenes de
compra de este producto tenían fecha anterior a la aprobación del mismo por
parte de la CNMV. Según Fontecha se debe a que durante los meses anteriores al
lanzamiento del producto, se hizo un sondeo entre los clientes y se recogió en
los archivos informáticos del banco su "manifestación de interés" .
Asegura que ésta "no tenía ningún valor legal" y ya que luego era
necesario formalizarla en una orden de compra firmada por todos los titulares
de las cuentas que subscribiesen los bonos convertibles, tal y como, recoge el
folleto aprobado por la CNMV.
Pero como han
demostrado muchos abogados ese requisito no se cumplió y además Fontecha no ha
explicado por qué en ningún momento el sistema informático del banco recogió la
obligada fecha de formalización de la orden de compra. Ante las dudas del
procedimiento, la fiscalía ha solicitado a Banco Santander que presente
documentación escrita de cómo se trasladó a los empleados del banco la orden de
comercializar Valores Santander y en qué consistió la formación que Fontecha ha
asegurado que recibieron directivos y
empleados.
Ismael Moreno investiga la querella presentada en
febrero de 2014 por cerca de un centenar de afectados que acusaban al banco
presidido ahora por Ana Botín de comercializar como seguro un producto que en
realidad era de alto riesgo, ya que se trataba de obligaciones obligatoriamente
convertibles en acciones y que finalmente provocó la pérdida de una media de
50% de la inversión a los afectados.
Que les preguntes a los Zonas que habían en esa comercialización y como amenazaban a los directores imponiendoles objetivos por horas y que se tenían que cumplir si no , no se podían marchar ese dia a su casa.
ResponderEliminarEl que no cumplía tenia severas amenazas de destitucion.