El Fondo Monetario Internacional (FMI) en un estudio reconoce que el paro y
el bajo poder sindical implica el aumento de la desigualdad. Aunque en el
informe no se menciona específicamente a España, nuestro país es donde más han
crecido las desigualdades sociales como consecuencia de la política de recortes
impuesta por el Gobierno del Partido Popular. La reforma laboral, que ha
destruido empleo, está construyendo ahora un mercado de trabajo basado en
empleos cada vez más temporales, precarios y con peores salarios. Esta
normativa ha roto, además, el equilibrio en la negociación colectiva, en
detrimento de los trabajadores y en favor del poder empresarial. Frente a esto
UGT defiende apostar por políticas que favorezcan un crecimiento equilibrado y
sostenible, basado en empleos estables y con derechos, mejorar los salarios y
reforzar la cohesión social.
Publica El País, en su versión digital, una noticia que titula “El FMI
atribuye al paro y al bajo poder sindical el aumento de la desigualdad” .
La noticia se refiere a un premio concedido por el Fondo a un trabajo elaborado
por técnicos del Fondo que lleva por título “La distribución de los ingresos y
su papel en la explicación de la desigualdad”. El titular parece referirse a
España, la noticia ni menciona nuestro país.
Pero aunque no lo mencione, es perfectamente aplicable a nuestra situación:
España es el país que ha sufrido la crisis más desigualmente del conjunto de
los países avanzados, es decir, el país donde más se han acentuado las
desigualdades de ingresos entre los más pobres y los más ricos. Y a ello,
indudablemente, no es ajeno ni el desempleo ni el bajo poder sindical.
A la baja afiliación sindical ha colaborado mucho la legislación en la
materia desde la transición, que facilitaba que el trabajo sindical se
extendiera al conjunto de los trabajadores, sin necesidad de estar afiliados, y
también han colaborado las sucesivas reformas en la materia, siempre precedidas
de campañas antisindicales muy intensas, promovidas en muchas ocasiones desde
ámbitos internacionales, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional.
El objetivo de la reforma laboral, no el publicitado por supuesto, sino el
real, era precisamente favorecer una devaluación salarial significativa, lo que
requería también reducir la capacidad de negociación colectiva a través de la
reducción del poder sindical.
De este modo, la negociación se produciría con una correlación de fuerzas
más desfavorable a los intereses de los trabajadores, lo que permitiría menores
salarios en la negociación y negociaciones a la baja, así como incumplimientos
unilaterales de los convenios, mediante la flexibilización de los requisitos de
inaplicación, así como la ampliación de los conceptos susceptibles de
inaplicarse.
Si además esto se compaginaba con la existencia de un enorme volumen de
desempleo y la aceleración de la destrucción de empleo que supuso el
abaratamiento del despido en un momento de despidos masivos (no olvidemos que
el efecto inmediato de la reforma sobre el empleo fue la aceleración de la ya
vertiginosa velocidad de destrucción de empleos), la facilidad para que la
negociación de los salarios colaborase a esta devaluación estaba servida.
Y así ha sido: el miedo al desempleo ha facilitado que los trabajadores con
empleo hayan visto su capacidad adquisitiva sensiblemente reducida y la
desregulación laboral de la reforma se ha encargado de que los trabajadores que
se incorporan actualmente al empleo lo hagan en unas condiciones muy inferiores
y con unos salarios de miseria.
De manera que podemos concluir que el desempleo y el bajo poder sindical
producen desigualdad y favorecen su aumento. Y que la legislación laboral ha
tenido mucho que ver tanto en relación con el desempleo como con el bajo poder
sindical.
Sin embargo, el estudio premiado se refiere a que la causa de la
desigualdad se debe a la dispersión de los salarios, como resultado del
crecimiento de los salarios más altos. Y aquí sí: Según el estudio, por cada
10% de incremento de la brecha salarial, la desigualdad medida por el
coeficiente de Gini sube un 9%.
El País publicaba en diciembre que el Sr. Linde se había subido el sueldo
un 5%, hasta 174.733 euros en 2014, el mismo año en que el SMI varió un 0%,
9.034,20 euros; una subida superior hubiera sido una hecatombe para la economía
española, en virtud de lo que el Sr. Linde considera patriotismo y el FMI
considera causa del aumento de la desigualdad.
El estudio afirma también, siempre según la publicación de El País, que la
mayor sindicalización en la industria, la mayor formación de los trabajadores y
el mayor gasto del Estado ayudan a reducir la distancia entre los salarios más
altos y los más bajos.
Y concluye en este sentido que si los gobiernos quieren evitar aumentos de
la brecha social deberán atender a la influencia que sobre la evolución de los
salarios puedan tener los cambios en los diferentes marcos laborales.
Es decir, el FMI nos da la razón: las diferencias de los ingresos se
reducen cuanto mayor es el poder de los sindicatos, cuanto más formada está la
población y cuanto más fuerte es el Estado del Bienestar. Y las políticas
laborales influyen, y mucho, sobre la evolución de los salarios.
De modo que, en definitiva, la conclusión es que las erróneas políticas de
reformas laborales tendentes a reducir la fuerza negociadora y los derechos de
los trabajadores, y los sucesivos recortes en educación, sanidad, servicios
sociales y dependencia han conseguido que nuestro país tenga el primer puesto
en el incremento de la desigualdad.
Y como además el estudio apunta a lo que deben hacer los gobiernos, que es
exactamente lo contrario de los que se ha venido haciendo en España (por
cierto, con el aplauso del FMI), el Gobierno debiera tomar nota y rectificar
sus actuaciones, devolviendo a las relaciones un marco respetuoso con la
autonomía de las partes y reduciendo la desregulación que permite la
generalización de la pobreza laboral y de los contratos sin horario ni calendario.
Y acentuando las políticas de gasto social.
Además es otra demostración, en este caso internacional, de que los
salarios deben frenar ya su exceso de moderación, porque deben apoyar el
crecimiento y su más adecuado reparto, por lo que UGT mantiene nuestra
propuesta salarial para el crecimiento, cuyos elementos esenciales deben
considerar tres referencias inseparables:
La inflación prevista tiene que ser el aumento mínimo para que los salarios
ganen poder adquisitivo en el año en cuestión. La referencia tiene que ser
clara y fácilmente conocida por los negociadores: la más adecuada sería la
media anual del IPC en el mes de diciembre, ya que es esta la referencia
adecuada para calcular la variación del poder adquisitivo
Los incrementos de productividad, que determinan el grado de reparto de los
excedentes de producción generados
La cláusula de garantía, ya que la negociación se realiza con previsiones
y, por tanto, la única forma de que mantener lo negociado es mediante la
revisión, en su caso, de acuerdo con la evolución de las variables previstas
En definitiva, una política salarial que frene la devaluación, que solo nos
conduce a la desigualdad y la injusticia.
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