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jueves, 9 de abril de 2015

Bruselas investiga las ayudas fiscales del Gobierno del PP a la banca



La Comisión Europea decidirá si abre una investigación a España, Italia, Grecia y Portugal por una posible financiación ilegal a los bancos que han visto reforzado su capital con los activos fiscales diferidos (DTA).
Los DTA se aceptan como capital de máxima calidad en estos cuatro países, pero el Banco Central Europeo (BCE) no hace la misma consideración de los mismos. En España, el Gobierno aprobó a finales de 2013 un decreto ley mediante el que permitía rescatar 30.000 millones de euros para los bancos.
El Gobierno había aprobado todo un rescate encubierto para la banca española. 
El Estado garantizaba a la banca los llamados activos fiscales diferidos, que ocupaban en sus balances más de 30.000 millones de euros  y se contabilizaban como capital a efectos regulatorios. Son, en esencia, pérdidas del pasado que permitirán deducirse impuestos en el futuro.
El Gobierno del PP, con el fin de evitar que las entidades financieras españolas tuvieran que recapitalizarse aún más, consintió que los DTA se hicieran efectivos. Es decir, que aún en caso de que la entidad no solo no generase los suficientes beneficios como para activar esos DTA, sino que incluso fuera liquidada, los acreedores podrían contar con esos activos fiscales como si de un capital cualquier se tratara. Un rescate en toda regla (recapitalización vía aval) al que, aparentemente la Troika había dado su visto bueno.
Los DTA son derechos que las entidades tienen frente a Hacienda y que se pueden realizar de dos modos básicamente: o incurriendo en pérdidas deducibles, o generando gastos que no son fiscalmente deducibles inmediatamente como son las provisiones para cubrir posibles pérdidas futuras, y que se han incrementado significativamente por las dos reformas financieras consecutivas impulsadas en 2012 por el Gobierno del PP.
El propio Banco Sabadell apunta en un informe que la noticia, de producirse, sería muy negativa para el sector bancario, ya que se traduciría en ampliaciones de capital en las entidades afectadas.
En caso de poner en duda su valor como capital, las entidades españolas más afectadas serían Liberbank, Caixabank, Santander y Bankia. Sobre todo la primera, en la que el peso sobre el capital asciende al 30%.
Banco Santander tiene más de 21.000 millones de euros en DTA. Caixabak tiene más de 10.400 millones y BFA (matriz de Bankia) otros 10.360 millones (ver gráficos inferiores). La importancia de los DTA en la solvencia actual de los bancos españoles es casi absoluta, tanto que sin estas medidas de compensación las entidades del sur se habrían visto severamente perjudicadas en los últimos test de resistencia llevados a cabo por el BCE y la EBA.
Lo que la Comisión Europea pone en cuestión no es más que la posibilidad de que estos DTA garantizados por España hayan sido una ayuda de estado, y por lo tanto hayan supuesto alterar las reglas de libre mercado y competencia que consagra Bruselas.


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