La Comisión
Europea decidirá si abre una investigación a España, Italia, Grecia y Portugal
por una posible financiación ilegal a los bancos que han visto reforzado su
capital con los activos fiscales diferidos (DTA).
Los
DTA se aceptan como capital de máxima calidad en estos cuatro países, pero el
Banco Central Europeo (BCE) no hace la misma consideración de los mismos. En
España, el Gobierno aprobó a finales de 2013 un decreto ley mediante el que
permitía rescatar 30.000 millones de euros para los bancos.
El Gobierno había aprobado todo un rescate
encubierto para la banca española.
El Estado garantizaba a la banca los llamados activos
fiscales diferidos, que ocupaban en sus
balances más de 30.000 millones de euros y se contabilizaban como
capital a efectos regulatorios. Son, en esencia, pérdidas del pasado que
permitirán deducirse impuestos en el futuro.
El Gobierno del PP, con el fin de evitar que las
entidades financieras españolas tuvieran que recapitalizarse aún más, consintió
que los DTA se hicieran efectivos. Es decir, que aún en caso de que la
entidad no solo no generase los suficientes beneficios como para activar esos
DTA, sino que incluso fuera liquidada, los
acreedores podrían contar con esos activos fiscales como si de un capital
cualquier se tratara. Un rescate en toda regla (recapitalización vía
aval) al que, aparentemente la Troika había dado su visto bueno.
Los DTA son derechos que las entidades tienen
frente a Hacienda y que se pueden realizar de dos modos básicamente: o
incurriendo en pérdidas deducibles, o generando gastos que no son fiscalmente
deducibles inmediatamente como son las provisiones para cubrir posibles
pérdidas futuras, y que se han incrementado significativamente por las dos
reformas financieras consecutivas impulsadas en 2012 por el Gobierno del PP.
El propio Banco Sabadell apunta en un informe
que la noticia, de producirse, sería muy negativa para el sector bancario, ya
que se traduciría en ampliaciones de capital en las entidades afectadas.
En caso de poner en duda su valor como capital, las
entidades españolas más afectadas serían Liberbank, Caixabank, Santander y Bankia. Sobre todo la primera,
en la que el peso sobre el capital asciende al 30%.
Banco Santander tiene más de
21.000 millones de euros en DTA. Caixabak tiene más de 10.400
millones y BFA (matriz de Bankia) otros 10.360 millones (ver gráficos
inferiores). La importancia de los DTA en la solvencia actual de los bancos
españoles es casi absoluta, tanto que sin estas medidas de compensación las entidades del sur se habrían visto
severamente perjudicadas en los últimos test de resistencia llevados a
cabo por el BCE y la EBA.
Lo que la Comisión Europea pone en cuestión no es más
que la posibilidad de que estos DTA garantizados por España hayan sido una ayuda de estado, y por lo
tanto hayan supuesto alterar las reglas de libre mercado y competencia
que consagra Bruselas.
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