El pasado viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional decretó la admisión a
trámite del recurso presentado por la CUP-Alternativa de Izquierdas donde se
solicita «la suspensión inmediata de la adjudicación de Cataluña Banco al BBVA por
afectación y prejuicios directos al interés general y que no cubre ni el 10% de
la inyección de dinero público empleado para rescatar la caja catalana, en el
mayor escándalo financiero del sistema financiero catalán».
La resolución da 9 días al BBVA y al FROB para
posicionarse ante el petición de la izquierda independentista e insta al fondo
a presentar toda la información relativa al proceso de subasta. De hecho, esta
era una de las denuncias de la CUP: la absoluta opacidad de la operación.
Ahora, por requerimiento judicial, la CUP ya dispone del acta de la reunión del
21 de julio celebrada al Banco de España donde se acordó adjudicar Cataluña
Banco al BBVA. De esta se desprende, en una primera valoración y entre otros:
1) Que la transparencia de la operación se ha
conseguido sólo por mandamiento judicial. Desde el pasado julio, la CUP la
solicitó, infructuosamente, al mismo FROB que ni siquiera contestó.
2) La operación se realizó con el asesoramiento
de las consultoras N+1, Corporate Finance, Ernst&Young y Baker&
McKenzie, pero también fueron contratadas la consultora internacional McKinsey
y el banco de inversión Nomura –un holding japonés que se adjudicó Lehman
Brothers después de la caída.
3) Se confirma que el precio formal de la oferta
del BBVA era de 1187 Millones de €uros, que podría quedar reducido sólo a 585
Millones de €uros, ni el 5% del coste público del rescate y donde el FROB asume
todos los riesgos derivados por comercialización de híbridos o préstamos
hipotecarios con cláusulas suelo, entre otros.
4) Sala Contencioso-Administrativa, que también
pide información adicional –la requerida por la CUP– sobre la operación, da 9
días al FROB –y a las partes interesadas, es decir, al BBVA– para posicionarse
ante la medida cautelar, antes de decidir si suspende o no la adjudicación como
solicita la CUP.
Esto es lo que nos hace falta en este país, nuevas tendencias políticas que reaccionen ante la complacencia de los partidos de siempre con el todopoderoso capital. Como ciudadanos deberíamos poder exigir que se nos devuelva de nuestros impuestos, todo aquél dinero público con el que se reflotaron las entidades financieras en apuros, a medida que éstas o sus compradores, vayan haciendo beneficios.
ResponderEliminarPues los empleados de CX estarán contentos, si anulan la compra a lo mejor se quedan sin trabajo.
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