"Nos acusan de atentar contra los derechos de los trabajadores, cuando lo que hemos hecho toda la vida es defenderlos. Eso es lo que más me duele". Así resume Rubén Ranz, sindicalista de UGT, la paradoja por la que podría ser condenado a prisión junto a su compañero José Manuel Nogales.
Ambos participaron en un piquete informativo durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Entraron en una cafetería que permanecía abierta para dejar unos panfletos, pero -explica- "uno de los camareros se encaró con nosotros". Tras intercambiar unos gritos, "los antidisturbios, que nos venían acompañando desde el principio, cargaron contra nosotros sin avisar. Nogales cayó al suelo y le detuvieron. A mí me arrestaron cuando les dije que no se llevaran al mayor de todos". Las consecuencias se resumen una acusación de la Fiscalía por un delito de atentado contra agente de la autoridad, otro de lesiones y otro contra el derecho de los trabajadores. Un total de tres años y siete meses de prisión para cada sindicalista.
Este es el caso más reciente, pero no el único. Apenas un mes atrás, Tamara y Ana, dos jóvenes gallegas eran condenadas a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete durante una huelga para mejorar el convenio colectivo de su sector. Su delito fue arrojar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños, ya que la empresa para la que trabajaban se encarga de su mantenimiento. Además tendrán que pagar una multa de casi 1.200 euros por los desperfectos causados. El juzgado de primera instancia las condenó a seis meses de cárcel y una multa, pero la Fiscalía Provincial de Pontevedra recurrió la sentencia pidiendo la pena máxima por coartar el derecho al trabajo de sus compañeros. Ana está embarazada y podría dar a luz en prisión por -no está probado que fueran ellas dos- manchar el agua de una piscina.
Casos como los descritos se cuentan por decenas en todo el país, lo que deja muy claro una estrategia por parte de las fiscalías y del gobierno, de persecución contra los trabajadores que ejercen el derecho constitucional de huelga y de manifestación.
Efectivamente, no hay ninguna duda de que "la Fiscalía General, movida por criterios políticos, está dando instrucciones para asestar un golpe a los derechos fundamentales e intentar amedrentar y generar un clima de miedo entre los sindicalistas y los trabajadores.
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