El grupo Santander se enfrenta a una demanda en Estados Unidos, acusado de haber discriminado durante los últimos años a las minorías en la concesión de créditos hipotecarios. La ciudad de Providence (Rhode Island), que acaba de iniciar el litigio, cree que la entidad está excluyendo ahora a los mismos vecindarios que fueron víctimas de las prácticas abusivas de los bancos durante la burbuja inmobiliaria. El Santander niega las acusaciones.
Ángel Taveras, alcalde de Providence de origen dominicano que está en la carrera para ser elegido gobernador del Estado, considera que el Santander “violó” los términos de la legislación federal que garantiza a las minorías el acceso a la vivienda, en concreto la conocida como Fair Housing Act. La demanda alega que el Santander redujo de forma “deliberada” entre 2009 y 2012 los préstamos en vecindarios hispanos, mientras que “expandió de forma activa su negocio” en los de raza blanca en mayor medida de lo que lo hicieron otras entidades a raíz de la crisis de las hipotecas basura.
Estas prácticas, según Taveras, no solo se saltan la legislación sobre la vivienda sino que además “daña a las familias” de su localidad. El alcalde recuerda que muchos de los vecinos en esos barrios son elegibles para acceder a prestamos, “pero el Santander decidió apartarlos”. Esta exclusión, añade, provoca que el valor de la vivienda en esas zonas siga bajo y no permite que la recuperación económica llegue a estos vecindarios.
Al frente del litigio está el abogado John Relman, especializado en casos de discriminación racial en el ámbito financiero. Su firma tiene sede en Washington. Fue el mismo que demandó a Wells Fargo en 2008 en nombre de Baltimore y Memphis por imponer a las minorías tipos de interés muy elevados, un caso que el banco acabó resolviendo también con el Departamento de Justicia hace dos años con un desembolso de 230 millones de dólares.
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