El Gobierno tiene
previsto crear una Oficina Nacional de lucha contra el fraude, con el objeto de mejorar e
institucionalizar la colaboración entre la Inspección de Trabajo con otros
organismos y administraciones, como la Agencia Tributaria, la Administración de
Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Seguridad Social,
según consta en el Programa Nacional de Reformas (PNR) remitido a Bruselas.
En esta línea, Empleo prevé
también aprobar una nueva ley ordenadora del sistema de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, para dotar de una mayor homogeneidad las
actuaciones inspectoras desarrolladas en todo el Estado y mejorar los
instrumentos legales de lucha contra el fraude.
Asimismo,
el Ministerio seguirá ampliando la plantilla de la Inspección, con 80 nuevos
efectivos, tras haber incorporado en
2012 y 2013 a la plantilla de este organismo más de 150 personas, entre
inspectores y subinspectores.
El Departamento que dirige
Fátima Báñez está diseñando el plan de lucha contra el fraude laboral para 2014
tras los "buenos resultados", en palabras de la ministra, que se
obtuvieron en 2012 y 2013.
En esos dos años, de acuerdo
con datos provisionales del Ministerio, el plan de lucha contra el fraude
laboral tuvo un impacto de 7.625,8 millones de euros y consiguió aflorar
161.381 empleos irregulares.
Durante sus dos años de
vigencia, este plan anuló 2.078 empresas ficticias (730 en 2012 y 1.348 en
2013) y un total de 78.056 contratos falsos, cuyo fin era obtener indebidamente
prestaciones de la Seguridad Social o autorizaciones administrativas para
trabajar.
Sería deseable que este proyecto abarque la totalidad de supuestos de fraude y ponga la vista en Banco Santander, pues con la barbaridad de horas sin declarar que se efectúan, a buen seguro que pueden obtener un buen pellizco de euros para las tan necesitadas arcas de la Seguridad Social.
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