Las personas afectadas
por la hipoteca se concentran principalmente en el BBVA, con un 15,9%, y
Bankia, con un 15,2% según un informe sobre desahucios y derecho a la vivienda
elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio
Desc referente a 2013.
El informe muestra el
resultado de las 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que
contactaron con la PAH en los dos años transcurridos de 2011 a 2013. Por detrás
de estos dos bancos se sitúan Banco Santander, con un 14,2%, y Caixabank, con
un 13,8%. En lo que se refiere al tamaño de las entidades destaca el 9,8% de
CatalunyaCaixa, con una cuota de mercado muy inferior a la de los cuatro
grandes del panorama bancario español.
El informe de la PAH ,
que se conoció en diciembre del año pasado, muestra también que más de la mitad
de estas hipotecas se contrató entre 2005 y 2007, en plena burbuja
inmobiliaria, mientras que a partir de 2008 tan sólo se firmaron un 13% de los
contratos.
En lo que se refiere a
las comunidades autónomas, Cataluña tenía un mayor porcentaje de
personas afectadas por la hipoteca (30,3%), seguida por la Comunidad Valenciana
(20,7%), la Comunidad de Madrid (12,9%) y Andalucía (9,27%).
Del total de personas
encuestadas, un 87,9% declaró que era titular de la hipoteca, mientras que los
restantes eran avalistas. Una gran mayoría de los primeros, el 63%, compartía
la titularidad con otra persona. Tan sólo un 28% declaró tenerla en solitario,
y el resto corresponde a hipotecas con tres o más titulares.
Del total de
afectados, un 91% tenía dificultades para pagar la hipoteca o se encontraba ya
en proceso de impago. Una parte significativa de esas personas, un 27,2%, ya
había recibido demanda de ejecución hipotecaria. Un 7,3% declaró que ya había
sido desalojado. De estos últimos, casi un tercio fue a vivir a casas de
familiares y un 53% había acudido a los servicios sociales.
Una parte importante
del informe es la que se refiere al monto de las hipotecas contratadas. Un
17,3% era inferior a 100.000 euros, un 45% de entre 100.000 y 200.000 euros, y
un 34,2% por encima de esa cifra. Eso significa que al menos un tercio de
las personas afectadas no podría acogerse al código de buenas prácticas
impulsado por Guindos, al ser sus hipotecas superiores a 200.000 euros.
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