El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, sigue adelante. Va a
recuperar las tasas judiciales en los recursos laborales, a pesar del criterio
del Tribunal Supremo que
las anuló el año pasado.
Así consta en la redacción del actual proyecto
de Ley de Asistencia Jurídica Gratuitaque está en trámite en el
Congreso de los Diputados y que fue publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales.
El plazo para la presentación de
enmiendas terminará el 25 de marzo. Posteriormente, será la Comisión de Justicia la que apruebe esta reforma porque tiene competencia legislativa plena. Esto es, no será
vista en los Plenos del Congreso o del Senado.
Las tasas laborales afectan
a los despidos, salarios pendientes, indemnizaciones o las propias
reclamaciones de un ciudadano a la Seguridad Social.
Concretamente, el Artículo 2.4 del proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita
establece que "En el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a
la asistencia jurídica gratuita para la primera instancia sin necesidad de acreditar previamente
carecer de recursos a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad
Social". El artículo obvia la segunda instancia para estas personas.
La segunda instancia en la
jurisdicción social está compuesta del llamado recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, y elrecurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Un trabajador medio que gane 1.200
euros al mes, con una deuda de la empresa de 60.000 euros pagaría cerca de 224
euros por recurrir al TSJ una sentencia desfavorable, y otros 309 por recurrir
al Supremo (incluyendo
la exención del 60% del total adoptada en la reforma del PP de 2013).
Tasas
anuladas por el Tribunal Supremo
Los juzgados de lo Social no
están aplicando las tasas a los trabajadores en general, después de la
controversia surgida con
la aprobación de las tasas en la Ley 10/2012, cuyo impacto fue atenuado en el
ámbito laboral en el Real Decreto 3/2013.
Las tasas suscitaron múltiples
controversias en los órganos de lo Social. Un juez de lo social se negó a
cobrarlas, dos Tribunales Superiores de Justicia interpretaron que no eran
exigibles, otro TSJ concluyó lo contrario... La diferencia de pareceres estaba
más focalizada entre los TSJ.
Ante esta situación, el 5 de junio de
2013, la Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo acordó en un Pleno no
jurisdiccional que las tasas no eran exigibles a los trabajadores,
sindicatos y beneficiarios de la Seguridad Social. En su acuerdo influyó el que
no se había derogado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996.
Lo que ha hecho ahora el Gobierno es reformar la Ley de 1996 en la que se apoyó el Supremo, y excluir el pago de tasas a los
sindicatos, pero no a los trabajadores, en sus recursos.
Un acuerdo no jurisdiccional de una
Sala del Supremo no es vinculante para los jueces, pero interpreta la
jurisprudencia.
El Supremo basó su decisión en el derecho
a la gratuidad de la justicia que se construye en el artículo 119 de la Constitución,
así como la doctrina constitucionaldesarrollada con posterioridad. El acuerdo de la Sala Cuarta del Supremo decía textualmente:
1) Para la tramitación de los recursos de
suplicación y casación no son exigibles tasas al trabajador, ni al beneficiario
de la Seguridad Social, ni al funcionario o personal estatutario,
que interpongan recursos de suplicación o de casación en el Orden Social,
ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013.
2) Tampoco son exigibles las Tasas a los
sindicatos para la interposición de recursos de suplicación ni de casación, ya
unificadora, ya ordinaria, ante la Jurisdicción Social, ni siquiera
respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013.
Contra las tasas judiciales hay
interpuestas una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) y
una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Ambas están pendientes de resolución.
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