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lunes, 17 de febrero de 2014

La falta de medios es la agonía para muchos conflictos laborales

Despidos. Expedientes de regulación de empleo. Reclamación de salarios, indemnizaciones, horas extra, pensiones de viudedad o prestaciones de desempleo. Modificación de las condiciones laborales. Los juzgados de lo social son las salas donde se dirimen los efectos que la crisis y las sucesivas reformas laborales están ejerciendo sobre los centros de trabajo y las personas. Los propios magistrados denuncian que no pueden dar abasto con una carga de trabajo que se ha multiplicado y que ha generado que en ciudades como Sevilla o Madrid haya juicios señalados para dentro de dos años o tres años. 
"Hay un absoluto colapso", dice Antonio Seoane, magistrado del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid. Su juzgado ha pasado de encargarse de una media de 1.200 asuntos en 2007 a más de 1.600 al año. "Desde 2007 no bajamos de 1.500 ningún año. Hemos llegado a tener 1.900 casos anuales: es una auténtica salvajada, el CGPJ dice que la carga de cada juzgado de lo social debería ser de 800 asuntos al año", señala Seoane, que explica que lo que antes se dirimía en varios juicios ahora se resuelve en un solo procedimiento, es decir, que la carga de trabajo ha aumentado aún más en términos reales.
El magistrado indica que hay juzgados que tardan entre uno y dos años en señalar juicios y critica el recorte de medios. El colapso no sale gratis, sobre todo a los trabajadores. Estamos hablando de necesidades perentorias, de gente que necesita ese dinero para el día a día, para hacer la compra o pagar su casa.
El colapso de los juzgados está impidiendo poner coto al poder empresarial. Deberían ser procesos ágiles porque los asuntos que hay en discusión son muy importantes; estamos hablando, por ejemplo, de salarios, de poder comer. Cuando se dicta sentencia, muchas veces las empresas ya no existen, los trabajadores tienen que ir al Fogasa, que no tiene medios y acumula meses de retraso. La jurisdicción social está desapareciendo de hecho, tal y como piden muchos, hasta el propio FMI.
Por poner un ejemplo, un procedimiento por despido que antes podía estar resuelto en una media de seis meses, en muchos juzgados, se alarga ahora un año. Estamos hablando de situaciones gravísimas, de personas que quizá llevan meses sin cobrar o que denuncian para extinguir su contrato laboral y poder ir al paro. Es aberrante, a mucha gente se le deben salarios y necesitan ese dinero.

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