Las prácticas comerciales abusivas de
los bancos en la comercialización de productos financieros estarán vigiladas a
partir de hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que
obligará a las entidades a seguir una serie de pautas dictadas por ESMA, el
supervisor europeo.
A comienzos de año la CNMV avisó que
a partir del 1 de febrero las entidades financieras estaban obligadas a revisar
el sistema de remuneración de sus empleados con la finalidad de proteger a los ahorradores y evitar que les sean vendidos productos
complejos o de difícil comprensión para su conocimiento.
Con el aviso de la aplicación
de las directrices dictadas el pasado mes de octubre por la ESMA, la CNMV
estaba obligando al sector financiero a adaptar el sistema de incentivos (bonus
o retribución variable) de su red comercial, lo que comunicó oportunamente a
las organizaciones patronales a través de una carta.
La aplicación de las nuevas
normas también buscaba comprometer la responsabilidad de la alta dirección,
encargada desde ahora de aprobar la política de remuneración variable.
Además, el supervisor
pretendía frenar los incentivos a corto plazo de los comerciales de las
entidades mediante la venta de productos que pudieran ofrecer elevados
rendimientos pero fueran incomprensibles para los inversores (como ha sucedido
recientemente con la deuda perpetua, subordinadas y preferentes).
La adopción de las
directrices de ESMA también obliga a las entidades a vigilar el cumplimiento de
las normas de conducta del sector, consistentes fundamentalmente en la correcta
evaluación de la idoneidad del cliente para ser receptor de un producto
financiero o la transmisión de la información adecuada al inversor.
La
patronal bancaria Asociación Española de Banca (AEB) indicó que estaba
dispuesta a cumplir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades con
la intención de prestar el mejor servicio a sus clientes.
La AEB también comentó que
con la asunción de las normas emanadas de la directiva MIFID contribuirá a
incrementar el nivel de transparencia en la actuación de las entidades y de su
personal en la prestación de servicios de inversión y a evitar la aparición de
situaciones de conflictos de interés no deseables.
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