A partir de 2014 los precios de los servicios públicos no se actualizarán con el IPC

Las tarifas de los servicios básicos prestados por las administraciones públicas como el transporte, la telefonía o el agua no se actualizarán con el IPC a partir del año que vieneen virtud de la ley de desindexación que el Gobierno espera aprobar antes de que acabe el 2013 para que entre en vigor el mismo 1 de enero de 2014. Se ajustarán teniendo en cuenta los costes que suponga la prestación de dichos servicios.

Todo parece apuntar que la norma derogaría cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizaría según el IPC desde el 1 de enero de 2014.

La norma no afectaría a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a los transportes, las telecomunicaciones, la energía, los servicios postales, el agua, las tasas, las sanciones y los precios de los contratos públicos.

Hasta ahora, los precios servicios básicos como el agua, la telefonía, los peajes, el tren o los servicios postales se actualizaban el 1 de enero utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores. La propuesta en la que trabaja el Gobierno eliminaría esta vinculación al IPC y analizaría las subidas de precios sólo teniendo en cuenta los costes que supone la prestación de dichos servicios.

Por ejemplo, en 2013 la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) aprobó una resolución que permitía a Telefónica aumentar la cuota de abono hasta el IPC como máximo entre 2013 y 2016, algo que no sería posible con la futura norma del Ejecutivo.

Por su parte, el precio del billete de los autobuses de línea interurbanos subió una media del 2,4% el 1 de abril por la actualización de tarifas acordada por el Gobierno y el sector en el año 2000, que tenía en cuenta el IPC medio del último año y se ajustaba en función de la evolución del número de viajeros que registrara cada línea. Tras la entrada en vigor de la ley, el precio de estos billetes sólo tendría en cuenta elementos que afectaran al coste, como por ejemplo la evolución del precio del carburante y del número de viajeros.

Otro engaño más, si el servicio no se auto financia,subimos las tarifas y en paz. Los que sean responsables de que el servicio sea eficiente están a cubierto de su mala gestión. Si los salarios de los enchufados son altos y el servicio no los puede cubrir, subimos las tarifas y en paz, lo marca la ley y todos a callar. 

Alguien no tendrá que explicar, para que servirá el IPC a partir del año que viene.