Como si de las dos
caras de una moneda se tratara, el Gobierno, que hace unas semanas llevó al
Congreso de los Diputados un informe para diseñar el llamado factor
de sostenibilidad de las pensiones públicas
(el que debe guiar los futuros ajustes de las prestaciones de la Seguridad
Social), está a punto de llevar ahora al Parlamento otro informe para estimular
los planes privados.
La propuesta que
ultima la Dirección General de Seguros dependiente del ministro de Economía, incluye
la implantación de un sistema semiobligatorio de planes
de empresa (todos los trabajadores serán
incorporados por defecto aunque cada uno de ellos podrá decidir libremente
permanecer o no en él) con mayores incentivos fiscales. Está en juego también
un negocio potencial que la Dirección General de Seguros cifra en la gestión de
unos 300.000 millones de euros de nuevo ahorro en los próximos años.
Paralelamente a este hecho, en un
discurso del gobernador del Banco de España en el Congreso de los Diputados
que, por primera vez, ha dedicado más tiempo al sector financiero que a la
economía en general, Luis María Linde, sin embargo, ha advertido de que en el
futuro las pensiones serán tan bajas que hará preciso
complementarlas con productos de ahorro privados o públicos.
"A largo plazo, puede ser limitado
el potencial del sistema de reparto (de pensiones) para asegurar a la población
jubilada unos estándares de vida en consonancia con los niveles de renta
alcanzados en su vida activa", ha afirmado Linde. "Por ello, es necesario
explorar fórmulas
complementarias de capitalización, que refuercen el ahorro
durante la vida activa. Estos sistemas complementarios, de los que existen
ejemplos en diferentes países, pueden ser privados, pero también
públicos", ha sugerido el gobernador.
Cada vez se ve más claro lo que el
gobierno ha buscado con el famoso informe de los 12 expertos (con la única
oposición del representante de UGT). Lo único que buscan es cargarse el sistema
público de pensiones para favorecer la contratación de planes de pensiones
privados.
Lo intentan con la
sanidad, lo intentan con las pensiones, esto no es mas, que un plan de
desmantelación del estado del bienestar que tantos años nos ha costado
construir.
Y hoy el Sr. Rosell de la CEOE pide no cobren el paro los que perciban indemnizaciones por despido de mas de 80.000,- eur, que opina el Sr. Luzón y Don Alfredo.
ResponderEliminarTienen una tremenda voracidad y han perdido cualquier vestigio de vergüenza. Es penoso ver las cifras multimillonarias que se están llevando los ejecutivos que abandonan, por una u otra razón , los ejecutivos de las grandes empresas. Lo único que les preocupa es "meter la mano" en el bolsillo de los trabajadores, porque no se puede decir de otra manera, y eliminar cada vez más derechos que hasta ahora parecían intocables.
ResponderEliminarEn algún momento habrá que decir basta y tomar ejemplo de los brasileños y salir masivamente a las calles para tapar la boca a tanto desalmado.