El Tribunal Constitucional ha frenado la estrategia
del Gobierno del PP de vaciar a los sindicatos. Este Gabinete ha recortado
hasta un 40 por ciento las subvenciones a las centrales, ha reducido el número
de liberados y se ha quedado con parte de los fondos de formación que
gestionaban la patronal y las agrupaciones sindicales.
Sin embargo, una sentencia
del TC del 22 de enero de 2013 establece que los fondos de la Formación Continua
han de ser controlados por las empresas y trabajadores que los sufragan, es
decir, sus representantes de la patronal y los sindicatos.
Las empresas y empleados
abonan la formación de los trabajadores ocupados con 0,7 puntos de las
cotizaciones, el equivalente a unos 2.000 millones de euros. Éstos los gestiona
el Tripartito, formado por los agentes sociales y el Gobierno. Pero el antiguo
Inem y las Comunidades han ido tomando poco a poco una parte de esos fondos
hasta dedicar aproximadamente la mitad de ellos a la formación de parados.
Sin embargo, el
Constitucional ha dictaminado que la cantidad aportada en las cotizaciones para
formación profesional es finalista, está vinculada a la gente ocupada y la
negociación colectiva y, por lo tanto, no puede ser destinada a otros
menesteres distintos del de formar a los trabajadores en activo. Según el alto
tribunal, en ningún caso estos recursos pueden desviarse hacia las políticas
activas de empleo, que han de financiarse con las arcas del Estado.
En principio, el Ministerio
de Fátima Báñez está ahora obligado a devolver la gestión de esos 1.000
millones a los agentes sociales. De modo que Empleo se ve privado de un dinero
que utilizaba para los desempleados y que brindaba a las Comunidades Autónomas
para tenerlas contentas.
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