La Fiscalía Anticorrupción ha
interpuesto una querella contra cuatro ex directivos
de Caixa Penedés por haberse adjudicado
supuestamente pensiones millonarias mediante pólizas que blindaron a partir del
año 2010, cuando la entidad empezó a recibir fondos del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para su integración en el Grupo BMN.
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En su querella, presentada ante la Audiencia Nacional este
martes, el Ministerio Público ha acusado de los delitos de apropiación indebida y delito societario continuado al ex presidente de Caixa Penedés Ricard
Pagès, al ex director general Manuel Troyano y a los ex directores generales
adjuntos Santiago Abella y Joan Caellas.
Los cuatro ex directivos, junto al ya fallecido ex director de
Recursos Humanos, Jaume Jorba, podrían haber contratado pólizas de seguro por
valor de 23,4 millones de euros que cobrarían en caso de abandonar sus puestos
en la entidad financiera por cualquier motivo, ‘a espaldas de los
máximos órganos colegiados de la caja’, según el fiscal Emilio Sánchez Ulled.
Según consta en la
querella -de 54 páginas-, una vez
iniciado el proceso de integración de Caixa Penedés en el Grupo BMN, los
querellados cesaron voluntariamente en 2011 de sus cargos, lo que ha permitido a
Pagès cobrar 11,6 millones de euros,mientras que Abella ha
percibido ya 1,8 y Jorba 3,3 millones. Los otros dos querellados, que fueron
despedidos de la entidad financiera, no han podido cobrar cantidad alguna de
las pólizas, aunque tenían contratadas primas que sumaban casi ocho millones.
El Consejo de Administración de Caixa Penedés, que junto a sus
actuales socios ha recibido ayudas públicas del FROB por importe de 916 millones de euros,
pidió en 2011 la dimisión de Pagès y Troyano por la ‘falta de transparencia y
desproporción de los paquetes de carácter remuneratorio y de previsión social’
de los ex altos cargos.
En la querella, además, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido
que el círculo de ex directivos, ‘capitaneados’ por Pagès, ‘diseñaron una estrategia’ destinada a
garantizarse ‘una desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad,
pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo por
cualquier motivo’.
De esa forma, a partir del año 2001 y en ejercicios sucesivos,
los querellados ‘se autoconcedieron derechos económicos no contemplados en sus
contratos de trabajo’ y habrían logrado ‘mantenerlos en una conveniente
penumbra mediante
informaciones fragmentarias e incompletas acerca de su verdadera naturaleza y
extensión’.
La situación, ha añadido el fiscal en la querella, ‘dio un vuelco’ en 2009 a raíz de la crisis del sector
financiero, cuando se endureció el marco normativo y de control de las
entidades crediticias -concretamente en referencia a las remuneraciones de sus
altos directivos-, y la entidad se embarcó en un proceso de integración con
otras cajas.
Ante el nuevo entorno ‘jurídico y societario’, los ex directivos
‘se decidieron a realizar toda una serie de actuaciones irregulares a fin de blindar sus derechos
económicos, que acabaron percibiendo en perjuicio de la entidad al abandonar
sus cargos en el año 2011′, ha insistido el fiscal en la querella.
Concretamente, ante la inminencia de su integración en el Grupo
BMN (formado por Cajamurcia, CajaGRANADA y SA NOSTRA), ‘por si a raíz de la
misma pudieran aparecer nubes en sus hasta entonces despejadas perspectivas de
retiro profesional’, los ex directivos se sirvieron de informaciones
‘sesgadas, incompletas y fragmentarias’ para lograr que la comisión ejecutiva
de Caixa Penedès diera por buena la modificación de sus contratos, que
‘bendecían la abusiva autoconcesión de derechos económicos’.
El fiscal ha considerado que facilitó esa ‘abusiva modificación’
de sus contratos la‘carismática y omnímoda forma’ en que Pagès dirigía Caixa Penedés,
con lo que consiguió ‘blindar’ formalmente los compromisos derivados de sus
pensiones millonarias, según ha recogido Efe.
En opinión del Ministerio Público, con su conducta los
querellados habrían prescindido de los principios sobre límites para la retribución de directivos
bancarios dispuestos en 2009 por la Comisión Europea, en su beneficio y ‘en
perjuicio directo de Caixa Penedés e, indirecto, del FROB’.
‘La jugada era redonda’, ha recogido el fiscal en la querella,
dado que los querellados iban a ser propuestos como miembros del Consejo de
Administración del nuevo Grupo BMN, un cargo que no está retribuido y que
exigía que cesaran en sus funciones de directivos, como se ‘apresuraron’ a
hacer.
El fiscal ha defendido que a los querellados ‘poco o nada les
importó la
situación económica de la entidad, las recomendaciones europeas y los límites
derivados del proceso de integración en curso’, como lo demuestra, a su
parecer, el contraste entre las pensiones que se adjudicaron y el balance de
activos y pasivos de la Obra Social de la entidad, que suman poco más de 86.000
euros en dos años.
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