Las ayudas directas del Estado a la banca desde
que empezó la crisis -sin contar las ya amortizadas u otras que se podrían
sumar, como los préstamos del Banco Central Europeo (BCE)- comprometen en la
actualidad alrededor de 216.000 millones de euros, el equivalente al 21% del
producto interior bruto (PIB) de España. El sector se ha beneficiado del dinero
público desde octubre del 2008, cuando la tormenta financiera que siguió a la
caída del banco de inversión Lehman Brothers puso en jaque a la economía y las
finanzas mundiales.
En aquel momento se arbitraron dos medidas
urgentes para paliar la falta de liquidez. Se creó el fondo de adquisición de
activos financieros (FAAF), un sistema de avales que permitió a la banca captar
19.300 millones en los mercados, y que ya se liquidó; y se montó un programa de
avales del Tesoro, aún vigente, y que a finales de octubre respaldaba emisiones
de deuda del conjunto de la banca por valor de 76.200 millones de euros.
Pero las mayores partidas -y donde se concentra
el mayor riesgo para el Estado y, en consecuencia, para el contribuyente- son
en las inyecciones directas de préstamos y capital en las entidades
financieras, por un lado, y en el banco malo, por el otro. Entre lo ya
desembolsado y lo que llegará en los próximos meses por ambos conceptos se
habrá regado a la parte más débil del sector financiero con unos 120.200
millones. A diferencia de las anteriores facilidades de liquidez, aquí de lo
que se trataba y de lo que se trata es de la solvencia. En román paladino:
miles de millones de euros para evitar (o retrasar) la quiebra de entidades
concretas.
En el primero de estos apartados se enmarca la
actividad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en
junio del 2009, pocos meses después de la intervención de Caja Castilla La
Mancha (CCM) para propiciar la reestructuración del sector. Las participaciones
preferentes y después la entrada directa en el capital regaron con miles de
millones a las cajas de ahorros, lo que les permitió, en la mayoría de los
casos, fusionarse, cerrar miles de oficinas, despedir a buena parte de sus
plantillas y... llegar al 2012 con unos balances infestados de riesgo
inmobiliario, con las cuentas de resultados en rojo o muy próximas a estarlo y
con su viabilidad futura seriamente comprometida.
Este panorama, empeorado a propósito por el
Gobierno al obligar a realizar a todo el sector provisiones por unos 85.000
millones de euros para sanear los activos tóxicos del ladrillo, es el que
motivó, el pasado julio, la petición de ayuda europea concretada esta semana en
los 37.000 millones de euros concedidos a Bankia, Catalunya Banc, Nova Galicia
y el Banco de Valencia, las cuatro entidades nacionalizadas por el FROB. Entre
los primeros préstamos (nunca devueltos), las primeras inyecciones del FROB y las
que hará ahora gracias a la ayuda europea se rozan los 59.000 millones de
euros. La cifra aún aumentará en unos pocos miles de millones más cuando
Liberbank, BMN y la fusionada España-Duero pidan las ayudas necesarias para
cubrir sus necesidades de capital dentro de dos semanas.
Precisamente, los fondos europeos han propiciado que
la factura se dispare por la imposición de la troika -BCE, Fondo Monetario
Internacional (FMI) y Unión Europea- de crear un banco malo, bautizado como
Sareb. La sociedad requerirá de entrada 2.400 millones en capital público y una
parte esencial de su funcionamiento es que emitirá bonos con el aval del Estado
que entregará a los bancos- a cambio de sus préstamos al sector
promotor y activos inmobiliarios- para que puedan obtener liquidez inmediata del
BCE.
Aunque el Gobierno quiere que el Estado sea
minoritario en el banco malo, los bonos están garantizados y se consideran una
ayuda pública a todos los efectos. Ya hay comprometidos bonos por 44.000
millones para las cuatro entidades nacionalizadas y el Banco de España calcula
que harán falta unos 15.000 millones más para las que pedirán ayuda de inmediato.
Por último, resta contabilizar una partida
incierta, asociada a la venta de las cajas por parte del Estado. Las subastas
que ha realizado hasta ahora el Banco de España para adjudicar las entidades
intervenidas o nacionalizadas han incorporado lo que en el sector se conoce
como un esquema de protección de activos (EPA). Este instrumento es una especie
de seguro que cubre al comprador de una parte de las pérdidas de una
determinada cartera de créditos durante un tiempo determinado, generalmente
diez años.
El mayor EPA de las cinco subastas ha sido el de
la CAM, que es también la mayor caja rescatada. El Sabadell, su comprador, se
garantizó la cobertura de créditos por 24.600 millones -casi todos ellos del
sector inmobiliario-, que ya contaban con provisiones por 3.900 millones. Por
lo tanto, el riesgo neto se reducía a 20.700 millones, de los que el fondo de
garantía de depósitos (FGD) respondería en un futuro del 80%: 16.560 millones.
El Sabadell dijo en su día que la pérdida esperada se acercará a esa cifra.
El resto de EPA concedidos ocasionarán,
previsiblemente, quebrantos muy inferiores. El del Banco de Valencia, por
ejemplo, sólo cubre una cartera de 5.500 millones y el Banco de España calcula
que la pérdida esperada no será superior a los 600 millones de euros. Unnim fue
traspasada al BBVA con un EPA que podría impactar en el FGD con otros 1.000
millones, mientras que CCM y CajaSur podrían añadir, en el peor de los casos,
unos 1.000 millones más.
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