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jueves, 13 de diciembre de 2012

El Gobierno ultima una profunda reforma del sistema de pensiones


El Gobierno está ultimando una profunda reforma del sistema de pensiones con dos medidas clave: suavizar el nexo legal entre alza de pensiones e inflación y acelerar el aumento efectivo de la edad legal de jubilación, según informaba ayer Reuters.
El objetivo es quitar rigidez a un modelo que se ha visto cuestionado por la evolución de la población y una severa recesión en una economía obsesionada con la consolidación fiscal y que destina alrededor de un 10% de su Producto Interior Bruto (PIB) a pensiones.
La idea es que el sistema tenga elementos de flexibilidad. Que por ejemplo sea posible no actualizar por el IPC en caso de recesión o de déficit, cuando haya problemas de tesorería, dijo una alta fuente gubernamental.
Hasta ahora, el Gobierno proyecta una revisión de las pensiones cada año en los presupuestos generales del Estado que posteriormente actualizaba en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre, tal y como marca la legislación vigente.
Donde hay demandas específicas de Bruselas es en medidas para incrementar la edad de jubilación. En julio el Gobierno anunció una serie de medidas, pero le falta detalle, explica un alto cargo europeo.
El Gobierno estudia acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años (frente a los 65 actuales) y nuevas medidas para acercar la edad real de jubilación, ahora en 63 a la edad legal.

Con la ley actual, cada año en los próximos 15, los españoles se irán jubilando un mes y medio más tarde hasta llegar a los 67 años en 2027, un ritmo que desde Europa piden acelerar.
En una población cada vez más envejecida, los funcionarios europeos también verían con buenos ojos que España introdujese medidas para alargar la edad de jubilación según la evolución de la esperanza de vida para anclar el sistema a futuro.
Una revisión automática de la edad de jubilación en relación con la esperanza de vida también ayudaría a mejorar el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, señaló el responsable oficial europeo.
La medida se une, en un contexto de crisis y de aumento del paro, a otras iniciativas como la subida de las tasas judiciales o el incremento del precio de la electricidad así como al anuncio del Gobierno de que reformará el acceso a la jubilación anticipada alejándola de los 61 años a los 63, suponiendo un grave problema para trabajadores que haya sido despedidos y que tras agotar el desempleo pudieran enganchar la jubilación.
En definitiva, se trata de otra promesa incumplida y otra mentira del Gobierno que ha esperado a aplicar hasta la celebración de las elecciones autonómicas de País Vasco, Cataluña y Galicia y supone además la vulneración del Pacto de Toledo.

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