La
tasa de precariedad se dispara diez puntos desde 2007 y el 44% de la población vive en
hogares con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, son
algunas de las conclusiones extraídas del informe 'Adiós a las clases medias', elaborado por los Técnicos
del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
Gestha también defiende la aprobación de un proyecto de ley
para crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal
La crisis aumentó en dos millones
más el número de personas adultas que viven en situación de precariedad, debido
sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los ajustes
llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, según se desprende del
informe 'Adiós a las clases medias',
elaborado por los Técnicos
del Ministerio de Hacienda (GESTHA), presentado este viernes en
su XII Congreso anual, celebrado en Bilbao.
El informe, elaborado a partir de
datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa
de precariedad en España -que
incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000
euros brutos anuales, así como familias sin ingresos- se
incrementó hasta llegar al 43,7% de la población, por lo que en la actualidad afecta a un
total de 20,6 millones de personas.
De esta forma, según los Técnicos
del Ministerio de Hacienda, las rentas
de los hogares mileuristas se
concentran, sobre todo, entre los asalariados que suman 16 millones, seguidos
por los adultos sin ingresos (2,9 millones) y los autónomos (casi 1,7
millones).
A finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la
crisis, la
precariedad se extendía al 40% de la población, unos 18,5 millones de personas,
entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000
menos que ahora. Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los
asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en
diferentes instrumentos como las SICAV, sociedades patrimoniales y otros
instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco.
De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja
tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un 1%.
Esta cantidad es sólo la punta del
iceberg, que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de dimensiones
gigantescas en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no
retiren su participació. Por su parte, las grandes fortunas evitan retirar sus
fondos para no pagar al Fisco.
Extremadura y
Andalucía, a la cabeza de la precariedad
La elevada tasa de precariedad es
diferente en función del lugar de residencia de las personas que se encuentran
en esa situación. De este modo, con el 53% y el 51% respectivamente, Extremadura y Andalucía son las comunidades con una mayor
precariedad, seguidas de Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco registran la menor precariedad del
Estado, con el 22,2% y el 24,1%, respectivamente.
Las clases medias y bajas soportan más carga fiscal
Asimismo, los contribuyentes más
pudientes también han evitado tributar el grueso de su patrimonio en el IRPF,
declarándolo como ganancias de capital, cuyo gravamen más elevado hasta la
reforma de diciembre de 2011 era del 21%, aunque el nuevo tipo máximo para
estas rentas (27%) sigue siendo muy inferior al que soportan los asalariados
por su trabajo, que va desde el 24,75% hasta el 52%. Con todo, Gestha valora la mayor
tributación que, a partir de 2013, se aplicará a las plusvalías generadas en
menos de un año, una medida que pretende reducir la
especulación y el fraude, como un primer paso hacia la mejora de la
progresividad del IRPF.
Según los Técnicos del Ministerio de
Hacienda, esta desigualdad entre rentas
bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas subidas de impuestos,
especialmente en el IVA e IRPF. A estas se han sumado los
recortes aprobados en los últimos dos años y medio, que han impactado
especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000
euros anuales, que engloban al 85% de los trabajadores.
Para contrarrestar esta situación de
precariedad, Gestha
propone una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de
63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias
salariales -de
los que más de 3.500 millones se recaudarían en el País Vasco- y centrando las
inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7%
de la evasión fiscal.
Una de las medidas incluidas en este
paquete, que consiste en excluir las ganancias patrimoniales especulativas
-principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de
rentas del ahorro, permitiría
al Estado recaudar 1.380 millones de euros adicionales cada año.
Nuevo Impuesto sobre
la Riqueza en 2013
Además, entre las propuestas para
aumentar la recaudación y reducir la desigualdad entre rentas, Gestha también defiende la
aprobación de un proyecto de ley para crear un Impuesto sobre la Riqueza de
ámbito estatal -evitando
así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos
similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, al que sustituiría a
partir de 2013.
Sin embargo, consideran que el tipo
efectivo de esta nueva tasa debería triplicar al del actual impuesto, además de
incorporar fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las
grandes fortunas puedan eludir su pago, así como incluir la ya mencionada
exención de la plena propiedad de la deuda pública.
Pese a estar a favor del Impuesto
de Patrimonio, los Técnicos de Hacienda consideran que hasta
ahora su aplicación ha sido poco efectiva por las vías de escape de las grandes
fortunas y por las políticas existentes en las diferentes comunidades
autónomas.
En este sentido, el presidente
de Gestha, Carlos Cruzado, señaló que la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de
cáracter estatal "tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría
para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más
presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras".
Además, para ser efectivas, todas
estas medidas deberían ir acompañadas de unareorganización del
Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal,
otorgando mayores responsabilidades y competencias a los 8.000 técnicos de
Hacienda, y posteriormente dotándoles de más efectivos en la lucha contra el
fraude. Actualmente la Agencia Estatal Tributaria cuenta con un
empleado por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de los países de
la OCDE, que se sitúa en uno por cada 903 contribuyentes.
Una prueba de la ineficacia de la Agencia Estatal Tributaria
está en que buena
parte de las 2,9 millones personas adultas sin ingresos sobreviven con trabajos
dentro de la economía sumergida, y esa cifra no para de
aumentar, alentada por el aumento del paro y de la impunidad en que se mueven
las empresas del país.
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