UGT
rechaza la Ley de tasas judiciales por entender que afecta al derecho de la
tutela judicial efectiva y lamenta el ataque sistemático contra los bienes y
servicios básicos, el Estado de Bienestar, y los derechos y libertades de la
ciudadanía en cada decisión política que toma el Gobierno, contradiciendo
principios constitucionales, e insiste en la necesidad de convocar un
referéndum para que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre las
políticas de ajuste. El sindicato recuerda que, en lo que va de legislatura, es
decir, en sólo once meses, se han presentando más de 70 recursos de
inconstitucionalidad contra medidas impuestas por el Ejecutivo de Mariano
Rajoy, y quiere llamar la atención sobre decisiones como la de acabar de un
plumazo con la justicia gratuita tras imponer una reforma laboral que
judicializa las relaciones laborales.
UGT se opone a la subida de las tasas judiciales en los órdenes civiles y contencioso-administrativos y la instauración de nuevas tasas en el orden laboral por ser una medida injusta. Es inadmisible que el ciudadano tenga que repagar su derecho a la justicia; primero vía impuestos y luego a través del establecimiento de tasas.
Las organizaciones sindicales remitieron el pasado 8 de noviembre, una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la que le transmitieron su profundo desacuerdo con el “Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita”, que junto con el Proyecto de Ley de tasas judiciales se ha tramitado en el Parlamento, y le solicitaron una entrevista para tratar su contenido.
Dicha misiva no obtuvo respuesta y catorce días más tarde, sin mediar reunión alguna, entra en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. El sindicato reitera hoy que esta normativa tiene un claro afán recaudatorio, que constituye un ataque al Estado de Bienestar y al principio de tutela judicial efectiva, puesto que disuade a los ciudadanos con rentas inferiores de litigar en defensa de sus derechos.
UGT se opone a la subida de las tasas judiciales en los órdenes civiles y contencioso-administrativos y la instauración de nuevas tasas en el orden laboral por ser una medida injusta. Es inadmisible que el ciudadano tenga que repagar su derecho a la justicia; primero vía impuestos y luego a través del establecimiento de tasas.
Las organizaciones sindicales remitieron el pasado 8 de noviembre, una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la que le transmitieron su profundo desacuerdo con el “Borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita”, que junto con el Proyecto de Ley de tasas judiciales se ha tramitado en el Parlamento, y le solicitaron una entrevista para tratar su contenido.
Dicha misiva no obtuvo respuesta y catorce días más tarde, sin mediar reunión alguna, entra en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. El sindicato reitera hoy que esta normativa tiene un claro afán recaudatorio, que constituye un ataque al Estado de Bienestar y al principio de tutela judicial efectiva, puesto que disuade a los ciudadanos con rentas inferiores de litigar en defensa de sus derechos.
UGT considera que se trata de una iniciativa que va a generar
desigualdades ya que a mayor coste, menores posibilidades de acceso por parte
de la mayoría de la población y, a pesar de que el Gobierno ha señalado que su
objetivo es “evitar una litigiosidad artificiosa que satura actualmente los
juzgados”, lo cierto es que la Ley ha merecido la crítica generalizada de todos
los estamentos relacionados con la Justicia y además, no va a mejorar el
servicio.
El sindicato recuerda que el derecho a la asistencia gratuita de los
trabajadores rige en España desde hace más de un siglo considera muy
preocupante la instauración de una tasa en la segunda instancia del orden laboral,
máxime desde la reforma laboral impuesta por el Gobierno, ya que esta medida,
que establece una tasa de 500 euros para recurrir las sentencias en suplicación
y 750 euros en casación, parece querer blindar la nueva regulación e impedir la
posibilidad de que los trabajadores, entre otros afectados por la ley, impugnen
los pronunciamientos judiciales desfavorables.
Para UGT, esta medida forma parte de una calculada estrategia
conservadora para desequilibrar las relaciones laborales a favor de los
intereses empresariales, como hizo ya con la reforma laboral, ya que establece
graves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia
superior los pronunciamientos judiciales que no les hubieran sido favorables en
la primera instancia, por eso el sindicato apoya la decisión del PSOE de
presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley por afectar al
derecho de la tutela judicial efectiva. Recuerda que en lo que va de
legislatura, es decir, en sólo once meses, se han presentando más de 70
recursos de inconstitucionalidad contra medidas impuestas por el Ejecutivo de
Mariano Rajoy.
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