El Gobierno restringirá la venta de preferentes

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A pocos días de que se celebre el Consejo de Ministros del próximo viernes, comienza el baile de rumores sobre las medidas que podrían adoptarse. Uno de los rumores que cobran más fuerza es el que se refiere a la imposición por parte del Ejecutivo español de unas duras restricciones a la venta de preferentes a particulares, medida que llega tarde pero que sin duda será bien recibida por los ahorradores.

Según se asegura, a partir de ahora se les exigirá a los particulares que quieran contratar este polémico producto financiero su consentimiento de puño y letra y, cuando la sociedad no cotice en Bolsa como era el caso de las cajas, una inversión mínima de 100.000 euros. De esta forma, se espantaría a ahorradores inexpertos del pantanoso terreno que suponen las participaciones preferentes.

Dado el desconocimiento sobre productos financieros de una gran parte de la ciudadanía y la mala fe con la que han obrado numerosos bancos y cajas de ahorro, la regulación pública de las preferentes se había convertido últimamente en una clamor popular. El objetivo del Gobierno no será otro que evitar que se repita un nuevo escándalo con las preferentes, un producto excesivamente complejo que la banca vendió a particulares inexpertos como si se tratara de depósitos.

Son medidas más que necesarias, pero aun así llegan bastante tarde, con la gente atrapada y al final, como se legisla "ad hoc" no se va a impedir colocar otro cierto tipo de productos "peligrosos", por parte de los bancos.

En la actualidad, las entidades financieras, abandonadas la ideas de colocar "Preferentes", ahora se dedican a la colocación de pagarés a los pequeños ahorradores. Al final, tristemente, basta con que el departamento financiero de cualquier entidad idee cualquier otra herramienta de captación de pasivo sin riesgo y casi sin coste (les regalamos una tele de 3D) amparada en la legislación vigente y todos contentos.

Según las asociaciones de consumidores que han llevado los casos de los afectados por las preferentes ante la Justicia, se calcula que más de un millón de clientes vieron atrapados sus ahorros en las preferentes. 

Con la nueva regulación se evitará que se repitan los errores del pasado, pero no se espera que se solucione el problema de los inversores particulares que por desconocimiento o desinformación adquirieron este producto en el pasado.

Por lo tanto, quedará por hacer lo más importante, resolver la situación actual en la que se encuentran más de un millón de ciudadanos afectados por las preferentes. 

Lo que deberían hacer con el asunto de las preferentes es juzgar a los responsables, depurar responsabilidades penales y obligar a las entidades a devolver íntegramente el dinero a las personas que se demuestre que han sido claramente engañadas, embargando además los bienes personales de los culpables. De esta forma seguro que se evitaría que se reprodujesen acciones de este tipo.