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jueves, 23 de agosto de 2012

¿EL BANCO MALO: OTRA ESTAFA A LOS CIUDADANOS?

El ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos acaba de anunciar recientemente la próxima aprobación de disposiciones legales en las que “se establecerán las líneas generales de funcionamiento de las compañías de gestión de activos”. Podemos esperar sin lugar a dudas que en el Consejo de ministros que tendrá lugar el 24 de agosto se pondrá en marcha el “banco malo”.
El Memorándum de Entendimiento rubricado por España con los países integrantes del Eurogrupo, obliga a tener plenamente operativo este instrumento en el mes de noviembre de este año y para ello es imprescindible la articulación legal previa.

La nueva rectificación del actual Gobierno (cuyos miembros se manifestaron contrarios a su implantación tanto en la oposición como en su actual responsabilidad) supondrá inyectar dinero público a las entidades financieras a cambio de sus “activos tóxicos”. En resumen, la operación consistirá en la adquisición de créditos en situación de difícil cobro y activos inmobiliarios (viviendas y suelo) por parte del banco malo a cambio de la entrega a los bancos de liquidez inmediata que les permita mejorar su actual situación.  

La clave a la hora de evaluar el coste de la operación para el erario público, es el valor de transmisión de los activos. Si el banco malo los adquiere al valor “inflado” que actualmente tienen en el balance de las entidades, será éste (es decir, todos nosotros) el que asuma la totalidad de las pérdidas derivadas de su futura enajenación. Sin embargo, no podemos hacernos ilusiones en el que caso de que la opción adoptada contemplara que los activos fueran adquiridos al valor actual de mercado de los mismos. Si fuera esa la decisión, aflorarían mayores pérdidas en las entidades bancarias que en el marco del “rescate” también se ha acordado que tendrían que ser afrontadas por el sector público.
En definitiva, sea cual sea la opción finalmente adoptada, gana la banca y perdemos los ciudadanos.
Una vez más se trata de una operación de salvamento en toda regla de las entidades bancarias utilizando para ello el dinero público e intentando disimular sobre “el pequeño detalle de quien pagará la fiesta”. 
No hay que ser muy listos para pensar que la factura no estará a cargo de los responsables de la quiebra, sino de los ciudadanos.

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