El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los 5 hijos de cada uno de ellos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, por las cuentas supuestamente opacas que tenían en un banco de Suiza.El caso tiene su origen en 2006, cuando un empleado del HSBC Private Bank robó los datos de 24.000 clientes que tenían su dinero en el paraíso fiscal de Suiza y se los pasó, cuatro años después, a las autoridades francesas. La Hacienda francesa investigó a los contribuyentes de este país que aparecían en la lista por un presunto delito de evasión fiscal y trasladó a otros países, entre ellos España, la relación de sus nacionales con dinero en la la filial del HSBC. De los 24.000 ricos que aparecían en la lista, 15.000 de ellos seguían teniendo fondos en 2009 en Suiza, país que ha hecho del secreto bancario su principal señal de identidad.
Cuando la Agencia Tributaria española recibió los nombres de 1.500 supuestos defraudadores, que fue la primera cifra que se dio, con unos 6.000 millones en el paraíso fiscal, les remitió una carta a principios del pasado verano rogándoles que explicaran y, en su caso, regularizaran su situación con Hacienda. Pero la iniciativa, dirigida contra contribuyentes con recursos suficientes para llevar su dinero a Suiza, no tuvo mucho éxito. Por ese motivo, decidió, tras un cambio en la dirección de la Agencia Tributaria, abrir una inspección a los 1.500 contribuyentes incluidos en la lista, cifra que después rebajó a 659 ya que algunos de los investigados eran titulares de varias cuentas.
La denuncia de la Fiscalía se produce porque ante la ingente cantidad de documentación recibida en relación a los fondos del banco HSBC, el caso se judicializa para tratar de evitar la prescripción de los delitos mientras se estudian los documentos.
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y cinco de sus hijos, así como su hermano Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, podrían enfrentarse a penas de entre uno y cuatro años de cárcel si se confirma que cometieron delito fiscal en el caso de las cuentas suizas del HSBC, según indicaron a Europa Press fuentes de los inspectores de Hacienda.
Además, en el caso de que exista sentencia firme condenatoria contra Botín y sus familiares, éstos perderían el requisito de honorabilidad para dirigir entidades de crédito, lo que afectaría directamente tanto a Emilio Botín como a su hija Ana Patricia Botín, presidenta de la filial británica del Santander.
Además de la posible pena de prisión, podrían hacer frente a una multa hasta seis veces superior a la cuantía defraudada. La legislación española contempla también supuestos de delito fiscal agravados, como aquellos en los que se utilizan personas interpuestas para la comisión del delito, los llamados "testaferros", o aquellos otros en los que el importe defraudado es muy grande, circunstancia que debe ser determinada discrecionalmente por el Tribunal.
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