Ayer martes, 12 de agosto, se cumplieron 126 años de la
constitución de la Unión General de Trabajadores, como resultado del Congreso
Obrero celebrado en Barcelona del 12 al 14 de agosto de 1888.
En aquel Congreso, germen histórico del sindicalismo de
clase en España, participaron 44 sociedades obreras –o sociedades de
resistencia- de diferentes partes del país y en representación de 5.154
asociados, que decidieron unirse para mejorar las condiciones de trabajo
“apelando a la huelga bien organizada y recabando de los Poderes públicos
cuantas leyes favorezcan los intereses del trabajo, tales como la jornada de
ocho horas, fijación de un salario mínimo, igualdad de salarios para obreros de
uno u otro sexo, etc”.
Los trabajadores que en aquel final del siglo XIX
decidieron organizarse para cambiar sus condiciones de vida y de trabajo, nos
legaron una organización y, en palabras del Secretario General de UGT Cándido
Méndez, “consolidaron una obra, un acervo común para la clase trabajadora de
España. Su lucha alumbró las primeras leyes laborales, las que fueron el germen
del derecho del Trabajo; su lucha insertó a España en el constitucionalismo
social, en la Constitución de 1931 y en la de 1978. Su lucha consiguió la
libertad sindical, el derecho de huelga, y un sistema de relaciones laborales
basado en la negociación colectiva. Y su lucha y su compromiso crearon el
convencimiento de que el Estado del Bienestar es un marco imprescindible para
el desarrollo económico y la cohesión social”.
La actividad sindical de la Unión General de Trabajadores ha contribuido a la defensa de los valores de la igualdad, la libertad y la justicia social; al restablecimiento en nuestros país de las libertades democráticas, y al establecimiento de una legislación social, unos servicios y prestaciones públicos y una cultura laboral que la gran crisis económica que se inició en 2008 y en la que aún estamos inmersos amenaza con desbaratar.
La actividad sindical de la Unión General de Trabajadores ha contribuido a la defensa de los valores de la igualdad, la libertad y la justicia social; al restablecimiento en nuestros país de las libertades democráticas, y al establecimiento de una legislación social, unos servicios y prestaciones públicos y una cultura laboral que la gran crisis económica que se inició en 2008 y en la que aún estamos inmersos amenaza con desbaratar.
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