martes, 26 de septiembre de 2017

Partido Popular y Ciudadanos, bloquean hasta 19 veces, la proposición de renta mínima propuesta por UGT y CC.OO

PP y Ciudadanos están agotando todos los mecanismos legales para que la renta mínima que proponen los sindicatos se quede en papel mojado. Después de prorrogar hasta 19 veces en un año el plazo de enmiendas de la proposición de ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, el pasado martes el partido en el Gobierno presentó una enmienda a la totalidad ante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) —impulsada por CCOO y UGT y respaldada por 710.000 personas— de la que parte la proposición de ley. Los sindicatos consideran que esta enmienda es "una muestra de ceguera política" y "un insulto a miles de familias necesitadas". Además, denuncian la dinámica "obstruccionista" del Partido Popular que, en este caso, y con la cooperación de C's, "está impidiendo que los colectivos más vulnerables accedan a unos ingresos mínimos que les pueden ayudar a escapar de la pobreza severa que están sufriendo".
Ser mayoría en la Mesa del Congreso es lo que ha permitido a PP y C's prorrogar sistemáticamente la fase de presentación de enmiendas a la proposición de ley. Un bloqueo ejercido por una minoría parlamentaria que, según los sindicatos, “vulnera la Constitución y debe ser corregido de manera inmediata”. De hecho, en junio amenazaron con presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La propuesta de los sindicatos es fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para personas sin empleo ni recursos. Los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, estar buscando trabajo, no percibir prestaciones por desempleo y no tener ingresos o ayudas que supongan una suma superior al 75% del salario mínimo establecido en cada momento.
La cuantía de la prestación estaría en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares. El coste de esta prestación ascendería a unos 11.000 millones de euros — el 1% del PIB— que procederían de impuestos aunque la ayuda estaría gestionada por la Seguridad Social. Según los cálculos de los sindicatos, esta renta beneficiaría a más de 2,4 millones de personas de entre 18 a 64 años repartidas en más de 6 millones de hogares españoles. Dos tercios serían mujeres y alcanzaría a cerca de 500.000 jóvenes menores de 35 años.


Fuente: Público

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