Uno
de los puntos que más inquietud está provocando en la banca es el de la
formación, a la que obliga la directiva europea para que los mercados funcionen
mejor, Mifid 2, que entrará en vigor en enero de 2018.
Eran 194.283 empleados de banca a cierre del año pasado, y la nueva norma les
exige unos requisitos mínimos para abrir la boca, ya sea para informar en la
oficina o para asesorar. La directriz del organismo que coordina a los
supervisores europeos de los mercados, ESMA, publicó en marzo del año pasado
una directriz genérica, que fue aceptada por la CNMV. Pero el supervisor debe
hilar más fino y está en plena elaboración de una guía técnica. En
un documento del
supervisor sometido a debate, se especifican tres soluciones para resolver
la situación.
La
primera opción sería “publicar los criterios de las directrices y
características de una cualificación adecuada de las personas que informen y
asesoren”.
La CNMV añade que “sería la opción más rápida y sencilla,
si bien quizás la menos ambiciosa en cuanto a conseguir un estándar homogéneo
en el mercado”.
La segunda fórmula sería la más exigente: elaborar y
publicar una lista de cualificaciones admitidas. “Se trata de una opción que
permite crear un marco de valoración fácilmente contrastable, por las entidades,
que facilite la supervisión y garantice de forma eficaz el cumplimiento de las
obligaciones establecidas por Mifid 2 en la medida en que las certificaciones
sean bien elegidas”. Pero la CNMV pone los peros después: “Su principal
problema es la compleja puesta en práctica a corto plazo, teniendo en cuenta
que no hay régimen transitorio [...]” “Requiere una importante carga de trabajo
inicial, pues son muchos elementos a considerar y lenta su puesta en práctica”,
añade.
La fórmula híbrida es la favorita de la CNMV. “La propia
entidad podría aplicar la primera opción a los empleados que no acrediten una
certificación”. “Facilitaría a las entidades el cumplimiento de estas
directrices al proporcionar mayor flexibilidad. Sería una alternativa para
favorecer de manera voluntaria la tendencia hacia el uso de las acreditaciones
reconocidas”, agrega.
El documento señala que, “de las tres alternativas
indicadas, la tercera es la más adecuada considerando la situación de partida
(ausencia total de regulación al respecto) y dada la anticipación necesaria que
las entidades necesitan para formar a sus empleados, muchas de ellas ya han
optado por recurrir a distintos formadores externos”. Esta es la opción con más
partidarios en todos los ámbitos, según las fuentes consultadas. Con todo, la
decisión aún no está tomada, y existen algunas divergencias entre las
patronales, las asociaciones, los formadores y los certificadores.
La Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación
Española de Cajas de Ahorro (CECA) y el Fondo de Garantía de Inversiones
(Fogain) son partidarias de un tratamiento muy flexible.
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la AEB, defiende
que se clarifiquen los contenidos y que sea cada entidad la que decida la
fórmula óptima: si con un certificado externo o no. El panorama en otros países
occidentales dista de ser uniforme.
Fuente: Cinco Días
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