El poder adquisitivo de los pensionistas se reducirá un 7% hasta 2022. Así
lo manifestaron el pasado miércoles desde la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (Airef), que lo vincularon a la revalorización de las
pensiones de tan solo el mínimo del 0,25% en cinco años.
El presidente de la Airef, José Luis Escrivá, puso en duda que la Seguridad
Social vaya a ser capaz de alcanzar el objetivo de déficit del 1,4% fijado para
este ejercicio, y cree que si no se toma ninguna medida, el desequilibrio se
situará en el entorno del 1,7%, el mismo con el que previsiblemente cerrará
2016.
Así lo señaló durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del
Pacto de Toledo en el Congreso, donde avanzó algunas de las conclusiones
preliminares del informe que su organismo está realizando sobre la situación
financiera de la Seguridad Social y sus previsiones para los próximos
ejercicios. Escrivá indicó que las cuentas de la Seguridad Social cerraron 2016
con un desfase del 1,7% y considera que, a partir de ese punto, llegar al 1,4%
previsto para este ejercicio no es alcanzable en ninguno de los escenarios
probables.
Este déficit es resultado, fundamentalmente, de un salto considerable del
gasto en pensiones en los últimos años, dijo el presidente de la Autoridad,
recordando que en los últimos dos años han recomendado a la Seguridad Social que
haga previsiones de ingresos más realistas para que los objetivos de
estabilidad no sean tan extraordinariamente exigentes como hasta ahora.
El Gobierno prevé que en 2019 el déficit esté en el 1,6%, repartido entre
el 0,9% del Estado, el 0,7% de la Seguridad Social y nada por parte de las
comunidades autónomas y ayuntamientos. Esto implica que las pensiones solo se
revalorizarán por el mínimo previsto en la ley del 0,25% anual durante el
próximo lustro aproximadamente, lo que estabilizará el gasto en pensiones en
torno al 10,5% del PIB actual pero reducirá en un 7% el poder adquisitivo de
los jubilados en una década. Las pensiones iniciales, según la Airef, se
situarán en 2030 a niveles de 2013.
Una situación que solo podría modificarse si se aportara a las arcas de la
Seguridad Social -vía presupuestos, aumento de cotizaciones o reducción del
gasto- un punto y medio del PIB cada año. Con esos nuevos ingresos, las
pensiones podrían revalorizarse por encima del mínimo legalmente exigido.
Desde UGT, hace tiempo que hemos aportado para su debate tres medidas para
reducir, e incluso aportar superávit al sistema:
- Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas con cargo a la Seguridad Social. Desde 2014, el Gobierno ha ido aumentando el presupuesto destinado a estas bonificaciones en más de 400 millones de euros, y las reducciones en cotizaciones sociales en más de 200 millones de euros entre 2015 y 2016. Para este año se destinan entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales más de 3.700 millones de euros que suponen una transferencia de renta a las empresas desde la caja de la Seguridad Social.
- Financiar los gastos en materia de Seguridad Social del Ministerio desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como el resto. Las cuentas de la Seguridad Social soportan todos los gastos necesarios para el mantenimiento del personal y otros gastos e inversiones en materia de la Seguridad Social del Ministerio, algo que según UGT, se podría equiparar al resto de ministerios pues con la situación deficitaria actual deficitaria resulta totalmente irresponsable.
- Destopar las bases de cotización. Para UGT, es injusto que anualmente el sistema de bases de cotización y pensión máxima establecidos dejen millones sin cotizar. La base máxima de cotización este año es de 3.642 euros al mes, por lo que todo lo que se gane por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. Con ello, cada año se registran más de 26.000 millones de euros de bases salariales sin cotizar que, según estimaciones del sindicato, supondrían un aporte al sistema de 7.735 millones de euros adicionales
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