Entrada publicada el 11 de febrero en el blog "Valor Sindical" de nuestro secretario general de UGT Pepe Álvarez
A raíz de un artículo publicado por El País el pasado 2 de febrero, que
recogía la relajación de las normas a las entidades financieras al inicio de la
crisis por parte del Banco de España, este diario decidió publicar un editorial
denunciando la aplicación de “reglas excepcionales de tolerancia”, en el que,
para afianzar la credibilidad del Banco como institución, se reclamaba “una
actuación más decidida en el ámbito de las normas de inspección”. Además, este
editorial considera que el Banco debería revisar los procedimientos y controles
internos en supervisión e inspección.
El gobernador del Banco de España ha decidido contestar a través de un
artículo en el que no aclara por qué se actuó de esa manera, pero justifica al
Banco basándose en que “todas las instituciones, nacionales e internacionales,
incurrieron en grandes errores de previsión, también el Banco de España”.
En definitiva, que el Banco de España relajó las obligaciones de la banca
en los primeros momentos de la crisis, retrasando el reconocimiento de las
situaciones de morosidad y pérdidas, circunstancia que podría haber sido
decisiva en la incidencia de esta crisis financiera sobre la economía española,
pero la culpa es de que todos cometemos errores.
En el caso del Banco de España, llueve sobre mojado: los informes de
inspectores y trabajadores del Banco de España a propósito de la salida a bolsa
de Bankia, la autorización para saltarse la normativa contable y el Código de
Comercio, permitiendo que las cajas integradas en Bankia contabilizaran sus
pérdidas contra reservas y un largo etcétera de irregularidades permitidas y,
según denuncia ahora El País, incluso auspiciadas por la dirección del Banco de
España, muchas veces en contra del criterio de sus inspectores.
Parece que la estrategia se dirigía a evitar la quiebra de las entidades,
pero el resultado fue que hubo que acudir (para evitar la quiebra de las
entidades precisamente) a una fuerte “inyección de fondos públicos”, que
continuaremos pagando muy cara y durante mucho tiempo los ciudadanos.
Claro que, según el gobernador del Banco de España, las entidades españolas
realizaron saneamientos por 270.000 millones, asumidos en su mayor parte por
los accionistas, que son quienes tienen que asumir los saneamientos de las
empresas, mientras que el coste de la crisis en términos de recursos públicos
“ha sido elevado”.
Señala que en España no se haya optado por soluciones a la inglesa, a la
alemana o a la holandesa “consistente en la inmediata nacionalización de las
entidades en crisis” (tal vez ha olvidado de nuevo el caso de Bankia) y tal
como lo expresa parece que nuestra solución es mejor y más razonable que la
adoptada por estos países, aunque a la luz de los resultados, esos países han
actuado mejor que España (y también más rápido, que los tiempos tienen
importancia).
Lo cierto es que la gestión de la crisis en España se retrasó de manera
preocupante y que ahora sabemos que el Banco de España tuvo una importante
participación y responsabilidad en este retraso.
Que el coste ha recaído de manera especial sobre los trabajadores, que han
sufrido una reforma laboral bestial, una devaluación salarial salvaje, y un
deterioro profundo de las condiciones laborales, al tiempo que se han mantenido
unos niveles de desempleo y de desprotección enormes.
Que contamos con un incremento muy importante de la pobreza laboral. Que
son pocos los trabajos generados que cuentan con un salario digno, de modo que
contar con un empleo no significa salir de la pobreza.
Que tenemos unos niveles de precariedad laboral que actúan en contra del
saneamiento económico.
Que las pensiones pierden y perderán poder adquisitivo.
Que se han hecho grandes recortes en servicios esenciales, como la
educación y la sanidad.
Y que diga lo que diga el gobernador del Banco de España, no hemos salido
de la crisis.
Pero estamos en un país más pobre y con mayor desigualdad (eso también lo
dice el Banco de España), más injusto y que le suma a la brecha social una
enorme brecha generacional, que también se percibe ya como un enorme peligro de
inestabilidad económica.
Y además hemos incrementado peligrosamente la deuda pública.
Por eso, es urgente que se mejoren las condiciones de vida y de trabajo de
los ciudadanos, que el crecimiento se acompañe de políticas distributivas y
redistributivas que permitan la reducción de la pobreza y la desigualdad, que
se deroguen las sucesivas reformas laborales que tanto daño han hecho al nivel
y la calidad del empleo, que se recuperen derechos ciudadanos. Solo entonces
podremos hablar de salida de la crisis.
Y mientras tanto, es también urgente que se cuente con una información
exacta sobre la crisis de las entidades financieras, el coste que ha supuesto,
supone y supondrá para los ciudadanos y la actuación de las instituciones al
respecto.
El rescate bancario ha supuesto en España un traslado de los costes de la
crisis a los ciudadanos muy superior al de otros países europeos. Aclarar el
papel de las instituciones en la crisis financiera es un ejercicio de
responsabilidad que no se puede obviar con una especie de carta larga al
director.
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