Jubilados y Pensionistas exigirán que el Congreso debata y apruebe la revalorización de las pensiones según IPC
La Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT se movilizará el
próximo 13 de diciembre para reclamar que la mesa del Congreso levante el
veto del Gobierno a la revalorización de las pensiones, tal y como figuraba en
la Propuesta de Ley aprobada por la mayoría parlamentaria –a excepción de PP y
Ciudadanos, éste último se abstuvo-.
Jubilados y pensionistas se concentrarán a partir de las 9.30 horas en el
Congreso de los Diputados , coincidiendo con el día en que la mesa del Congreso
decide si levanta o no el veto del Gobierno a aumentar las pensiones en 2017
entre el 1,2% y el 1,6%, conforme a la previsión de inflación del Gobierno.
La decisión del Ejecutivo supone un veto a los pensionistas y a los ciudadanos,
a los que utiliza para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado. Sin
embargo, no puede utilizar esta prerrogativa porque solo puede vetar
iniciativas que afecten a los presupuestos en vigor, y no a los del próximo
año.
Para la UJP, el Gobierno tiene que asumir que gobierna en minoría y no
puede vetar las iniciativas que han obtenido un respaldo parlamentario
mayoritario. De esta forma solo está demostrando una escasa voluntad para
corregir las políticas que impuso en la anterior legislatura, cuando contaba
con mayoría absoluta y que han empobrecido a la población, incluidos los
pensionistas de este país, y han provocado un aumento de las desigualdades.
En este sentido, tanto el Gobierno, como Ciudadanos, que tiene muy difícil explicar su postura en este veto, debería tener en cuenta que 7 de cada 10 ciudadanos votaron cambio, en las pasadas elecciones generales, y por tanto que deberían respetar la voluntad mayoritaria de la población que quiere recuperar los derechos sociales y laborales que les han arrebatado.
En este sentido, tanto el Gobierno, como Ciudadanos, que tiene muy difícil explicar su postura en este veto, debería tener en cuenta que 7 de cada 10 ciudadanos votaron cambio, en las pasadas elecciones generales, y por tanto que deberían respetar la voluntad mayoritaria de la población que quiere recuperar los derechos sociales y laborales que les han arrebatado.
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