El Gobierno ha registrado un escrito en el
Congreso reclamando la
paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó
el PSOE y otros grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 una media del 1,2%. Según explica, su aplicación supondría un coste para el Estado de más de
1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir.
El veto de Moncloa, que al registrarse a última
hora del lunes no ha podido ser analizado aún en la Mesa del Congreso, se une a
los otros trece que tiene presentados el Gobierno a leyes presentadas por la
oposición y que amenazan con acabar con un nuevo conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Esta última proposición de ley vetada, que
recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència,
todos los grupos de la oposición, con la única excepción de Ciudadanos, que está a
favor de la revalorización pero considera "un parche" la ley.
Teniendo en cuenta sus firmas, la
iniciativa suma a priori mayoría absoluta en la Cámara, pues estas formaciones suman 178 votos en el Pleno del Congreso.
En concreto, la proposición de ley establece
un incremento del 1,2% -coincidente con la subida del Índice de Precios de
Consumo (IPC) prevista por el Gobierno- y fija que, en caso de producirse una
tasa media de inflación superior a lo largo del año, las pensiones también se
incrementen acorde esta subida. La proposición también señala que la medida será financiada con cargo directo a los Presupuestos Generales
del Estado y que la ley que los fije incluya la
previsión de gasto.
En su escrito de veto, el Gobierno
entiende que el coste de esa medida superaría los 1.150
millones de euros que, según la proposición de
ley, tendrían que ser financiados por el Estado, sin que se proponga una fuente
de financiación.
El Ejecutivo recuerda que su reforma de
2013 cambió el modo de cálculo para desvincular del
IPC la revaloración de las pensiones garantizando
siempre una subida mínima del 0,25% y que en todo caso la Comisión del Pacto de
Toledo debe estudiar la financiación de las prestaciones no contributivas y
universales.
El veto del Gobierno se verá en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde habrá que decidir si se atiende o se desoye.
El veto del Gobierno se verá en la próxima reunión de la Mesa del Congreso, donde habrá que decidir si se atiende o se desoye.
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