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miércoles, 30 de noviembre de 2016

La Reforma Laboral gran responsable del problema del sistema de pensiones

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la que va a decidir cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ha comenzado a escuchar a especialistas en la materia, después de una primera ronda con políticos y agentes sociales. Ayer martes recibió a Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha señalado a las políticas de austeridad, la reforma laboral y el modelo productivo español como responsables de la situación de debilidad actual del sistema.
Santos Ruesga, próximo a UGT y uno de los siete expertos que participó en la reforma de las pensiones de 2013 (el único que votó no a las conclusiones que presentó esa misma comisión) ha señalado a los diputados que, en su opinión, los problemas del sistema no son ya de índole demográfica de cara a las próximas décadas, sino también de orden económico a corto plazo, y eso tiene mucho que ver con una tendencia a la ralentización de los ingresos que empieza a tener un componente estructural y que no sólo tiene que ver con la crisis, sino con las políticas que se han puesto en marcha para hacerle frente.
La Reforma Laboral y las políticas de austeridad han producido esa ralentización salarial, dice Ruesga, acompañada de una aceleración en el cambio de la estructura del mercado de trabajo, con el aumento del empleo atípico (temporal, parcial no voluntario, autónomos dependientes), que está mal pagado; un problema para un sistema de pensiones que se basa en las cotizaciones sociales, que emanan de los salarios. Si no hay un cambio significativo en esas tendencias, si no se cambia la estructura productiva, un sistema apoyado en el crecimiento de los salarios va a tener en el largo plazo un problema adicional, añadía Ruesga.
El catedrático de la UAM ha distinguido entre dos tipos de soluciones que necesita el sistema: a corto plazo, para hacer frente al déficit del sistema y al previsible agotamiento del Fondo de Reserva en 2017, y a largo, para acometer los desafíos de la sostenibilidad. En el primer caso, se trata de financiar entre 5.000 y 7.000 millones el próximo año, y en el segundo, hay que allegar –según sus cálculos- entre 3 y 4 puntos de PIB (unos 40.000 millones) de manera estructural, con la vista puesta en 2050.
A corto, para Ruesga, una subida de cotizaciones de uno o dos puntos conseguiría los recursos necesarios sin apenas impacto en el mercado de trabajo. Esta subida debería mantenerse en el tiempo, porque además aproximaría la cotización a sus niveles históricos. Otras soluciones para conseguir ingresos que se han propuesto desde el ámbito político no convencen tanto al catedrático: destopar las cotizaciones para que los salarios más altos aporten más no recaudaría tanto (además, obligaría a las administraciones públicas a pagar más por sus trabajadores) y corre el riesgo de hacer recaer el esfuerzo en un grupo pequeño de trabajadores. Trasladar las pensiones de viudedad a financiación presupuestaria, como parece querer hacer el Gobierno, es para Ruesga trasladar el problema de ministerio: de Trabajo a Hacienda, igual que mover a impuestos las ayudas a la contratación que ahora financia la Seguridad Social.
A largo plazo, plantea apoyar con impuestos el sistema de pensiones, bien con un impuesto a la imagen del francés, que compromete a toda la población en el mantenimiento de la Seguridad Social (no sólo a los trabajadores), bien con algún otro tipo de impuesto finalista, bien utilizando figuras ya existentes, como el Impuesto Sobre el Patrimonio.

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