La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la que va a
decidir cómo garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, ha
comenzado a escuchar a especialistas en la materia, después de una primera
ronda con políticos y agentes sociales. Ayer martes recibió a Santos Ruesga,
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha
señalado a las políticas de austeridad, la reforma
laboral y el modelo productivo español como
responsables de la situación de debilidad actual del sistema.
Santos Ruesga, próximo a UGT y uno de los
siete expertos que participó en la reforma de las pensiones de 2013 (el único
que votó no a las
conclusiones que presentó esa misma comisión) ha señalado a los diputados que,
en su opinión, los problemas del sistema no son ya de índole demográfica de
cara a las próximas décadas, sino también de orden económico a corto plazo, y
eso tiene mucho que ver con una tendencia a la
ralentización de los ingresos que empieza a tener un componente estructural y que no sólo tiene que ver con la crisis, sino con las políticas que se
han puesto en marcha para hacerle frente.
La Reforma Laboral y las políticas de
austeridad han producido esa ralentización salarial, dice Ruesga, acompañada de
una aceleración en el cambio de la estructura del mercado de trabajo, con el
aumento del empleo atípico (temporal, parcial no voluntario, autónomos
dependientes), que está mal pagado; un problema para un sistema de pensiones
que se basa en las cotizaciones sociales, que emanan de los salarios. Si no hay
un cambio significativo en esas tendencias, si no se cambia la estructura
productiva, un sistema apoyado en el crecimiento de
los salarios va a tener en el largo plazo un problema adicional, añadía Ruesga.
El catedrático de la UAM ha distinguido
entre dos tipos de soluciones que necesita el sistema: a corto plazo, para
hacer frente al déficit del sistema y al previsible agotamiento del Fondo de
Reserva en 2017, y a largo, para acometer los desafíos de la sostenibilidad. En
el primer caso, se trata de financiar entre
5.000 y 7.000 millones el próximo año, y en el
segundo, hay que allegar –según sus cálculos- entre 3 y 4 puntos de PIB (unos
40.000 millones) de manera estructural, con la vista puesta en 2050.
A corto, para Ruesga, una subida de cotizaciones de uno o dos puntos conseguiría los recursos
necesarios sin apenas impacto en el mercado de
trabajo. Esta subida debería mantenerse en el tiempo, porque además aproximaría
la cotización a sus niveles históricos. Otras soluciones para conseguir
ingresos que se han propuesto desde el ámbito político no convencen tanto al
catedrático: destopar las cotizaciones para que los salarios más altos aporten
más no recaudaría tanto (además, obligaría a las administraciones públicas a
pagar más por sus trabajadores) y corre el riesgo de hacer recaer el esfuerzo
en un grupo pequeño de trabajadores. Trasladar las pensiones de viudedad a
financiación presupuestaria, como parece querer hacer el Gobierno, es para
Ruesga trasladar el problema de ministerio: de Trabajo a
Hacienda, igual que mover a impuestos las ayudas a
la contratación que ahora financia la Seguridad Social.
A largo plazo, plantea apoyar con impuestos el sistema de pensiones, bien con un impuesto a la imagen del francés, que compromete a toda la población en el mantenimiento de la Seguridad Social (no sólo a los trabajadores), bien con algún otro tipo de impuesto finalista, bien utilizando figuras ya existentes, como el Impuesto Sobre el Patrimonio.
A largo plazo, plantea apoyar con impuestos el sistema de pensiones, bien con un impuesto a la imagen del francés, que compromete a toda la población en el mantenimiento de la Seguridad Social (no sólo a los trabajadores), bien con algún otro tipo de impuesto finalista, bien utilizando figuras ya existentes, como el Impuesto Sobre el Patrimonio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario