La Guardia Civil
se presentó ayer por la mañana en la sede del Banco
Santander en Boadilla del Monte con un
requerimiento de información en el curso de una investigación por blanqueo de
dinero sobre el HSBC. En caso de que el banco no facilite los datos que se le
requieren, los agentes están autorizados a registrar el inmueble. La orden ha
llegado del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es
José de la Mata. El juez la ha acordado a petición de la Fiscalía
Anticorrupción. Se trata de un "requerimiento, subsidiario de registro, en
relación con determinadas cuentas corrientes de las que el juzgado pide información en el marco de la
investigación de la llamada Lista Falciani", según han confirmado fuentes de la Audiencia
Nacional.
Se están buscando las operativas de funcionamiento con las que se habría
blanqueado el dinero procedente de HSBC, pero que se
encuentra en un periodo muy inicial y todavía no tienen conocimiento ni de
personas ni de cantidades defraudadas.
El procedimiento se inició en España en 2013 . Tras la
excarcelación de Falciani, detenido en agosto de 2012, en el puerto de
Barcelona y su colaboración con Anticorrupción en la investigación de los
primeros 659 nombres españoles de su lista -enviada por Francia a Hacienda en
mayo de 2010- el país vecino remitió a España otras 2.508 cuentas relacionadas
con nuestro país gracias a la colaboración del exinformático del HSBC con las
autoridades de ese país. Tras expurgar los casos prescritos y los que no
revestían indicios de delito, Anticorrupción remitió una denuncia a la
Audiencia Nacional en junio de 2013 con 250 nombres. El caso recayó en el
juzgado central 5 cuando Pablo Ruz era aún su titular. Varios de los casos
investigados han sido enviados a juzgados territoriales al considerar que no
eran competencia de la Audiencia Nacional.
El juez José de la Mata decidió ayer mismo levantar el secreto de esa investigación. Al final, la lista de
investigados se ha quedado en 40 "personas y grupos familiares",
según fuentes del tribunal. El juez ha abierto diligencias a cada una de esas
personas y grupos se ha inhibido a favor de los tribunales territoriales
competentes. Los casos han ido a parar a juzgados de todas las comunidades
autónomas salvo de Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja. La
denuncia, inicialmente se había presentado por delitos contra la Hacienda
Pública y blanqueo de capitales, pero el De la Mata ha limitado el caso al
delito fiscal.
Entre los primeros 659 nombres de
españoles investigados -que, según Hacienda, ocultaban más de 6.000 millones en
el banco suizo- se encontraban también varios de la propia familia Botín, que tenía un mínimo de 2.000 millones de euros
ocultos en las cuentas suizas de HSBC, según se desprendió del
dinero que ingresaron en las arcas del Estado para regularizar su situación.
Entre ellos estaba el fallecido Emilio Botín y su hija y sucesora como
presidenta de la entidad, Ana Patricia. En total, 12 miembros del clan que
fueron denunciados por delito fiscal en la Audiencia Nacional. El caso,
investigado por el juez Fernando Andreu, fue archivado en mayo de 2012 después
de que pagaran 200 millones.
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