El Tribunal de Cuentas critica en un informe que el Banco de España pagara
una indemnización equivalente a la de despido improcedente a su anterior
secretario general, José Antonio Alepuz, a pesar de que su abandono del cargo
en septiembre de 2011 se produjo por voluntad propia para iniciar una
nueva actividad.
Así se señala en el 'Informe de fiscalización del cumplimiento de la
normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y
del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del
sector público estatal' de los años 2012 a 2014, que recoge Europa Press.
En dicho documento se recuerda que en septiembre de 2011 la Comisión
Ejecutiva del Banco de España aceptó la "renuncia voluntaria" de
Alepuz, secretario general desde 2002, que había aceptado una oferta de trabajo
en una entidad sometida a la supervisión del organismo público. De hecho, el
comunicado de la institución informaba de que su intención era afrontar
una nueva andadura profesional. A pesar de esa renuncia, se reconoce una compensación del 40% de los ingresos
totales correspondientes al ejercicio presupuestario, pagaderos en seis
mensualidades.
Junto a esta compensación, dos acuerdos de la Comisión Ejecutiva de 1997 y
2008, respectivamente, prevén que los altos cargos que resuelvan su relación
laboral con el banco percibirán las mensualidades previstas en el Estatuto de
los Trabajadores por despido improcedente (45 días por año trabajado en el
momento de los hechos) con un máximo de dos anualidades.
Esta reglamentación permitió que Alepuz cobrara 41.485 euros entre octubre
y diciembre de 2011, otro tanto entre enero y marzo de 2012, y una compensación
de 281.476 euros de indemnización en abril de 2012, cuando ya realizaba su
actividad en una sociedad perteneciente al grupo de una entidad de crédito.
En total, casi 364.500 euros en apenas seis meses durante los que la
Comisión Ejecutiva aceptó mantener la relación laboral con el secretario
general ya cesado, abonándole la compensación y manteniendo además su póliza de
seguro de enfermedad, otras de seguros de vida y aportaciones a su plan de
pensiones.
Aunque el Tribunal de Cuentas reconoce no apreciar tacha de
legalidad en este proceder, sí critica que se le pagaran seis meses de
compensación laboral por la necesidad de dilatar durante este periodo su
incorporación a la nueva actividad y a pesar de que había dejado el cargo por voluntad propia y para iniciar una nueva actividad.
Por otra parte, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue gobernador del
Banco de España entre marzo de 2006 y junio de 2012, percibió prestaciones
compensatorias por 348.751 euros, equivalentes al 80% de su sueldo,
complementos y dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Gobierno y
de la Comisión Ejecutiva.
La generosidad de estas indemnizaciones contrasta con el discurso que
mantuvo el propio Fernández Ordóñez al frente del regulador sobre el coste del
despido. En opinión del ex gobernador, los altos costes de despido no
favorecían la contratación y proponía cambios laborales.
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