Los buenos datos registrados en la creación de empleo y la bajada del paro, se ven empañados por otros datos que dan mucho
que pensar: durante los últimos meses de 2014 se realizaron en España 10,2
millones de “horas ilegales” cada semana (exactamente,
10.249.294 horas). Son aquellas que exceden de las 42 semanales que, de haberse
convertido en puestos de trabajo, hubieran dado empleo a 286.284 desempleados.
Sólo en esos meses de 2014, habrían supuesto a la Seguridad Social una minoración en su recaudación de alrededor de
2.400 millones.
En mayo, la Seguridad Social, acabó con 213.015 afiliados más, un 1,25% más sobre abril, que
elevó la cifra total hasta los 17.221.310 cotizantes. También el paro acabó con
una cifra histórica: 117.895 desempleados menos. La parte negativa es que esos
buenos datos conviven todavía con un alto número de parados (4,2 millones
registrados en las oficinas públicas), y que, además, en el empleo creado
siguen teniendo un alto peso los contratos temporales (92,1%) y el trabajo por
horas (35,57%).
En el tercer trimestre
de 2014 más de 1,32 millones de trabajadoras del sector privado realizaron una
jornada superior a la legalmente permitida (42 horas semanales), lo que
representó el 11,5% de los asalariados del sector privado. Cada semana se
realizaron 408 millones de horas, de las que 10,25 millones eran ilegales.
Ese exceso de horas
ilegales podría ser realizado por otras personas, lo que supondría que 273.315
desempleados podrían trabajar a tiempo completo (37,5 horas).
El Estatuto de los
Trabajadores establece en su artículo 34 que la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios
colectivos o contratos de trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria
de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en
cómputo anual. Luego, en su artículo 35, añade que el número de horas extraordinarias no podrá
ser superior a ochenta al año.
Pues bien, si partimos
de la jornada legal máxima de 40 horas, pese a que existen muchos Convenios
Colectivos con una duración inferior, y consideramos un máximo de dos horas
extraordinarias en la semana habitual, todas las horas que excedan de 42
semanales, son ilegales, estén o no retribuidas. Según ese argumento, al año
sólo se podrían trabajar 80 horas extraordinarias de forma legal, y todo lo que
le sobrepase es ilegal.
Con una tasa de paro del
24% se debería exigir una solidaridad en la distribución del tiempo de trabajo
que impidiese, cuando menos, la realización de horas extraordinarias. Por tanto,
la exigencia de la eliminación de las horas que sobrepasan las 42 no supone más que el cumplimiento de la
legalidad.
Hay más de 1,32 millones
de trabajadores asalariados en el sector privado que realizan una jornada
superior a la legalmente permitida, transgrediendo así la norma básica de la
legislación laboral: el Estatuto de los
Trabajadores.
Según muestran los micro
datos de la EPA en los últimos
meses de 2014 más de 1,32 millones de trabajadoras del sector privado -el 11,5%
de los asalariados-, realizaron una jornada superior a la legalmente permitida,
con 10.250.000 horas consideradas como ilegales. Así, "ese exceso de horas ilegales podría ser
realizado por otras personas, lo que supondría que 273.315 desempleados podrían
trabajar a tiempo completo (37,5 horas)".
De no haberse realizado
las horas ilegales que se hicieron, el paro hubiera podido disminuir entre un
5% (con jornada a tiempo completo) y un 5,3% (si se utiliza la duración media
de la jornada).
Partiendo de esos datos,
se comprueba que la flexibilidad
establecida por el Gobierno del PP no
se traduce en la disminución de las jornadas ilegales ni con horas
extraordinarias. Únicamente se transforman las jornadas ´normales´ en el resto:
jornadas parciales, con horas extras o directamente ilegales".
Por otro lado, son las
mujeres las que soportan jornadas inferiores a la normal y son los hombres en
sus edades centrales quienes realizan un porcentaje mayor de horas ilegales,
con más de 7,4 millones en el tercer trimestre de 2014, lo que supondría el 72%
del total. Es por ello que el porcentaje de asalariados con jornada ilegal
sería del 15,4%, más del doble que el de las mujeres (un 7%). Si las horas ilegales se hubieran traducido
en empleos, 86.000 mujeres más tendrían un puesto de trabajo.
En cuanto a la
distribución de esas horas ilegales por edad, se concentra en el grupo
comprendido entre los 30 y 44 años, que realizarían la mitad de las horas
ilegales; el 29% las realizarían quienes tienen entre 45 y 54 años, y el 8%
restante se lo repartirían los menores de 30 y los mayores de 55 años.
Por sector de actividad,
el reparto sería así: en el primario se realizaron 596.709 horas "que hubieran permitido crear 15.581 puestos
de trabajo"; en la industria, con más de un millón y medio de horas
ilegales, "se podrían crear
40.000 empleos", y en la construcción, pese a ser un sector que ha
perdido desde 2008 casi un millón y medio de empleos, "en el tercer trimestre de 2014 se realizaron
583.000 horas ilegales que podrían haber creado 15.000 puestos de trabajo".
Y, en fin, en el sector servicios se trabajaron 7,5 millones y medio de horas
por encima de las 42 habituales, cuya inexistencia habría permitido la
contratación de 218.000 personas.
Por lo que se refiere al
coste de las horas ilegales a la Seguridad
Social, la Encuesta Trimestral
de Coste Laboral fija de promedio en los cuatro últimos trimestres de
los que hay información (3º de 2013 a 2º de 2014) en 1.883,11 euros el coste
salarial total de la media de los trabajadores.
Según ese coste, si calculamos los costes de Seguridad Social correspondientes a
las empresas y a los trabajadores, por cada trabajador y año que no se ha
cotizado reglamentariamente se han dejado de ingresar 8.382 euros. Si
multiplicamos este coste por el número de empleos que se podrían crear con las
horas ilegales, 273.315 empleos a 37,5 horas o 286.284 según la jornada media,
el fraude a la Seguridad Social
que producen estas horas ilegales se puede cifrar entre 2.291 y 2.400 millones
de euros.
Estamos
ante un fraude claramente localizable tanto sectorial como geográficamente, por
lo que debería estar entre las máximas prioridades de la Inspección de Trabajo tanto por su
coste económico como social.
Como
bien sabemos, nuestra empresa no es ajena a nada de lo aquí expuesto. Como en
repetidas veces hemos comentado, según cálculos efectuados, se realizan más de 30.000 horas
extraordinarias al día, sin remunerar y por lo tanto ilegales, en Banco
Santander.
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