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lunes, 8 de junio de 2015

Las horas ilegales en España le cuestan a la Seguridad Social 2.400 millones de euros menos de recaudación

Los buenos datos registrados en la creación de empleo y la bajada del paro, se ven empañados por otros datos que dan mucho que pensar: durante los últimos meses de 2014 se realizaron en España 10,2 millones de “horas ilegales” cada semana (exactamente, 10.249.294 horas). Son aquellas que exceden de las 42 semanales que, de haberse convertido en puestos de trabajo, hubieran dado empleo a 286.284 desempleados.
Sólo en esos meses de 2014, habrían supuesto a la Seguridad Social una minoración en su recaudación de alrededor de 2.400 millones.
En mayo, la Seguridad Social, acabó con 213.015 afiliados más, un 1,25% más sobre abril, que elevó la cifra total hasta los 17.221.310 cotizantes. También el paro acabó con una cifra histórica: 117.895 desempleados menos. La parte negativa es que esos buenos datos conviven todavía con un alto número de parados (4,2 millones registrados en las oficinas públicas), y que, además, en el empleo creado siguen teniendo un alto peso los contratos temporales (92,1%) y el trabajo por horas (35,57%).
En el tercer trimestre de 2014 más de 1,32 millones de trabajadoras del sector privado realizaron una jornada superior a la legalmente permitida (42 horas semanales), lo que representó el 11,5% de los asalariados del sector privado. Cada semana se realizaron 408 millones de horas, de las que 10,25 millones eran ilegales.
Ese exceso de horas ilegales podría ser realizado por otras personas, lo que supondría que 273.315 desempleados podrían trabajar a tiempo completo (37,5 horas). 
El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 34 que la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Luego, en su artículo 35, añade que el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año.
Pues bien, si partimos de la jornada legal máxima de 40 horas, pese a que existen muchos Convenios Colectivos con una duración inferior, y consideramos un máximo de dos horas extraordinarias en la semana habitual, todas las horas que excedan de 42 semanales, son ilegales, estén o no retribuidas. Según ese argumento, al año sólo se podrían trabajar 80 horas extraordinarias de forma legal, y todo lo que le sobrepase es ilegal.
Con una tasa de paro del 24% se debería exigir una solidaridad en la distribución del tiempo de trabajo que impidiese, cuando menos, la realización de horas extraordinarias. Por tanto, la exigencia de la eliminación de las horas que sobrepasan las 42 no supone más que el cumplimiento de la legalidad.
Hay más de 1,32 millones de trabajadores asalariados en el sector privado que realizan una jornada superior a la legalmente permitida, transgrediendo así la norma básica de la legislación laboral: el Estatuto de los Trabajadores.
Según muestran los micro datos de la EPA en los últimos meses de 2014 más de 1,32 millones de trabajadoras del sector privado -el 11,5% de los asalariados-, realizaron una jornada superior a la legalmente permitida, con 10.250.000 horas consideradas como ilegales. Así, "ese exceso de horas ilegales podría ser realizado por otras personas, lo que supondría que 273.315 desempleados podrían trabajar a tiempo completo (37,5 horas)".
De no haberse realizado las horas ilegales que se hicieron, el paro hubiera podido disminuir entre un 5% (con jornada a tiempo completo) y un 5,3% (si se utiliza la duración media de la jornada).
Partiendo de esos datos, se comprueba que la flexibilidad establecida por el Gobierno del PP no se traduce en la disminución de las jornadas ilegales ni con horas extraordinarias. Únicamente se transforman las jornadas ´normales´ en el resto: jornadas parciales, con horas extras o directamente ilegales". 
Por otro lado, son las mujeres las que soportan jornadas inferiores a la normal y son los hombres en sus edades centrales quienes realizan un porcentaje mayor de horas ilegales, con más de 7,4 millones en el tercer trimestre de 2014, lo que supondría el 72% del total. Es por ello que el porcentaje de asalariados con jornada ilegal sería del 15,4%, más del doble que el de las mujeres (un 7%). Si las horas ilegales se hubieran traducido en empleos, 86.000 mujeres más tendrían un puesto de trabajo.
En cuanto a la distribución de esas horas ilegales por edad, se concentra en el grupo comprendido entre los 30 y 44 años, que realizarían la mitad de las horas ilegales; el 29% las realizarían quienes tienen entre 45 y 54 años, y el 8% restante se lo repartirían los menores de 30 y los mayores de 55 años.
Por sector de actividad, el reparto sería así: en el primario se realizaron 596.709 horas "que hubieran permitido crear 15.581 puestos de trabajo"; en la industria, con más de un millón y medio de horas ilegales, "se podrían crear 40.000 empleos", y en la construcción, pese a ser un sector que ha perdido desde 2008 casi un millón y medio de empleos, "en el tercer trimestre de 2014 se realizaron 583.000 horas ilegales que podrían haber creado 15.000 puestos de trabajo". Y, en fin, en el sector servicios se trabajaron 7,5 millones y medio de horas por encima de las 42 habituales, cuya inexistencia habría permitido la contratación de 218.000 personas. 
Por lo que se refiere al coste de las horas ilegales a la Seguridad Social, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral fija de promedio en los cuatro últimos trimestres de los que hay información (3º de 2013 a 2º de 2014) en 1.883,11 euros el coste salarial total de la media de los trabajadores.
Según ese coste, si calculamos los costes de Seguridad Social correspondientes a las empresas y a los trabajadores, por cada trabajador y año que no se ha cotizado reglamentariamente se han dejado de ingresar 8.382 euros. Si multiplicamos este coste por el número de empleos que se podrían crear con las horas ilegales, 273.315 empleos a 37,5 horas o 286.284 según la jornada media, el fraude a la Seguridad Social que producen estas horas ilegales se puede cifrar entre 2.291 y 2.400 millones de euros.
Estamos ante un fraude claramente localizable tanto sectorial como geográficamente, por lo que debería estar entre las máximas prioridades de la Inspección de Trabajo tanto por su coste económico como social.
Como bien sabemos, nuestra empresa no es ajena a nada de lo aquí expuesto. Como en repetidas veces hemos comentado, según cálculos efectuados, se realizan más de 30.000 horas extraordinarias al día, sin remunerar y por lo tanto ilegales, en Banco Santander.

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