Los recortes atentan contra la democracia y la salud en el trabajo

La vía elegida por los gobiernos para salir de la crisis es una espiral de austeridad y devaluación interna en la que la negociación colectiva pierde peso, las relaciones laborales tienden a la individualización, la precariedad define un mercado de trabajo en el que la contratación temporal y a tiempo parcial y la alta rotación entre empresas ganan espacio a marchas agigantadas. 

Continuar por la senda marcada por las Reformas Laborales, adaptando la legislación preventiva a un marco impuesto de organización del trabajo, supondría asumir de manera ineludible un deterioro en la protección de la salud y la seguridad laboral, con los consiguientes daños personales y trasladando los costes económicos al conjunto de la sociedad. Por ello, desde UGT proponemos un decálogo de medidas prioritarias y urgentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales:

1. Ningún trabajador ni trabajadora sin protección. La precariedad, el miedo a perder el puesto de trabajo y la individualización de las relaciones laborales dificultan el ejercicio efectivo de derechos. Las Reformas Laborales son incompatibles con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con el resto de normativa preventiva.

2. Accidentes de Trabajo. La aprobación de la LPRL, la puesta en marcha de políticas activas y la financiación de proyectos preventivos lograron una manifiesta reducción de accidentes de trabajo. El abandono de la actividad preventiva por parte de las empresas y su sustitución por un cumplimiento meramente formal de la normativa junto a los recortes aplicados durante los años de crisis frenaron en un primer momento el descenso de la siniestralidad y provocaron el repunte de los accidentes de trabajo que sufrimos en la actualidad, un claro indicio del deterioro de los sistemas preventivos. Recuperar la iniciativa pública es imprescindible para que en el siglo XXI dejen de producirse muertes por caídas en altura, atrapamientos o accidentes de tráfico como venía sucediendo en épocas pasadas.
3. Enfermedades de origen laboral. Las enfermedades son la gran asignatura pendiente de la salud laboral. Lo que no se registra ni existe ni se previene. Son necesarios cambios en el sistema de notificación y registro para que deje de depender de las mismas entidades obligadas a la reparación del daño, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. El cáncer profesional, la silicosis, las patologías derivadas del amianto y de las sustancias químicas, los trastornos musculoesqueléticos y las enfermedades de origen psicosocial requieren que las empresas evalúen y prevengan en los centros de trabajo los riesgos capaces de provocarlas, y de un mayor esfuerzo de las Administraciones para acabar con su subregistro y con los daños a la salud que causan.
4. Garantizar la equidad. La OMS reconoce que la desigualdad es uno de los determinantes sociales de salud claves. Dónde y cómo se trabaja, la forma de acceder al empleo o las tasas de desempleo y de temporalidad condicionan la exposición de determinados colectivos (mujeres, jóvenes, migrantes...) a los riesgos laborales y determinan su estado de salud. En los últimos tiempos también venimos observando que el estado de salud se está convirtiendo en un factor de estigmatización y de discriminación laboral, tanto en el mercado de trabajo como en las propias empresas. Para garantizar la equidad son precisos cambios legislativos, empezando por la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores.
5. Independencia y calidad de los Servicios de Prevención. La continua presión que sufren los Técnicos de Prevención desdibuja la independencia de los Servicios de Prevención establecida en la LPRL, convirtiéndolos en muchos casos en instrumentos al servicio de las empresas. Se hacen necesarias modificaciones legales que garanticen el desempeño profesional de los Técnicos, la independencia de Servicios de Prevención y, al mismo tiempo, el establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de sus prestaciones.
6. Vigilancia de la Salud para proteger la salud de las y los trabajadores. La vigilancia de salud es un derecho de las trabajadoras y los trabajadores y junto a la epidemiología laboral es una herramienta indispensable para prevenir los riesgos a los que están expuestos. Sin embargo asistimos a un intento de convertirla en una herramienta disciplinaria y de ajuste de plantillas. Para preservar el derecho constitucional a la salud, se debe garantizar la independencia de los profesionales sanitarios que la llevan a cabo, la confidencialidad de los datos y la voluntariedad, salvo en aquellos casos regulados por una norma específica. 
7. Reforzar a los organismos técnicos de las Administraciones. Es absolutamente imprescindible poner en valor y dotar con suficientes medios económicos y humanos al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al Instituto Social de la Marina, al Instituto Nacional de Silicosis, a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y a los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas para favorecer el conocimiento a través de su labor investigadora.
8. Potenciación de la Inspección de Trabajo. No sólo se debe incrementar el número de Inspectores y Subinspectores de Trabajo para acercar nuestros ratios a los del resto de países de la Unión Europea sino que se debe reforzar su formación y acentuar su especialización en materia de prevención de riesgos, con el fin de que estos puedan llevar a cabo de manera eficaz las funciones que legalmente tienen encomendadas.
9. Transformación del modelo de Mutuas. Se deben revertir las últimas modificaciones legales del sistema de Mutuas subrayando su carácter público, intensificando el control de la Seguridad Social mejorando la participación de la representación de los trabajadores en su elección y remarcando que sus objetivos prioritarios son la prevención de riesgos laborales y la reparación de los daños ocasionados por el trabajo frente al control de los costes económicos y la mejora de la competitividad de las empresas.
10. Impulso a la democratización en las relaciones laborales. La democracia en la empresa pasa por reforzar los derechos de participación y consulta de los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, de las delegadas y delegados de prevención y de los comités de seguridad y salud. Todos los estudios sobre prevención han demostrado la existencia del “efecto sindicato”: las condiciones de trabajo mejoran sustancialmente en las empresas con presencia sindical.

Sabemos que un cambio de rumbo como el que proponemos no es sencillo ni inmediato, pero hace falta una estrategia política clara en materia de prevención de riesgos laborales que lo ponga en marcha.