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| Carlos y Carmen, condenados a cárcel |
- Las organizaciones instan al Gobierno, al CGPJ y el
Fiscal General del Estado a acabar con la "ofensiva contra el derecho de
huelga.
- Piden retirar los cargos contra las cerca de 300
personas con expedientes judiciales abiertos.
- Constituyen una grave violación del derecho de
sindicalización, dicen.
Los cerca de 80 expedientes judiciales abiertos contra
265 personas, muchas con vinculación sindical, que han participado en piquetes
o protestas comienza a tener repercusión internacional. Tanto que hasta 21
sindicatos internacionales han enviado ya cartas al presidente del Gobierno, la
ministra de Empleo, el ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el
presidente del Consejo General del Poder Judicial para expresar su inquietud
por la situación y pedir que se retiren los cargos.
Rajoy
tiene sobre su mesa las misivas de sindicatos de Reino Unido, Suecia, Portugal,
Bélgica, Austria, Argentina, Brasil, México o Chile. También el Comité
Económico y Social y Europeo (un órgano consultivo de la Unión Europea formado
por patronales, sindicatos y un grupo de organizaciones dedicadas a diversas
actividades) y la Unión Internacional de Trabajadores de la alimentación, agrícolas,
hoteles, restaurantes, tabaco y afines han enviado cartas a los dirigentes
españoles.
Las
organizaciones sindicales instan al presidente del Gobierno a acabar con la
"ofensiva contra el derecho de huelga" e invocan para ello tanto el
contenido de la Constitución como los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta
Social Europea firmados por España. "Las causas penales abiertas contra
dirigentes y activistas sindicales por su participación en estas huelgas
constituyen una grave violación del derecho de sindicalización, incluyendo el
derecho a la huelga, protegidos por las leyes españolas e
internacionales", dicen.
Destacan
también que la criminalización de la acción sindical solo agravaría aún más
"los ya profundos desequilibrios en las relaciones laborales". Los
sindicatos internacionales instan a retirar los cargos contra las 265 personas
con expedientes abiertos y aseguran que de no ser así se demostrará que la
motivación del Gobierno "no es tanto defender el Estado de Derecho, sino
más bien acosar e intimidar al movimiento sindical". "Enviarán un
claro mensaje de que el Gobierno no tolerará disentimientos respecto a sus
políticas y que ha tomado abiertamente partido contra sus trabajadores y
trabajadoras", aseguran.
Actualmente
hay al menos 81 expedientes judiciales abiertos contra
cerca de 265 personas que han participado en huelgas y protestas en los últimos
años. En nueve procedimientos penales que afectan a 40 personas trabajadores y
cargos sindicales imputa la comisión de un delito de coacciones a la huelga, lo
que implica una pena mínima de tres años y un día de cárcel, esto es, que en
caso de condena la entrada en prisión sería segura.
UGTy CC.OO hemos entregado también una queja ante la OIT por los casos de piquetes
imputados. El organismo ya ha anunciado que examinará el escrito y dará un
respuesta formal al respecto. Los sindicatos han mostrado su intención de
acudir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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