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jueves, 6 de marzo de 2014

La PHA amplia su demanda por estafa hipotecaria contra Santander y BNP

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ampliará este jueves la demanda ante la Audiencia Nacional contra la financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada al 50% por las entidades Santander y BNP Paribas, así mismo también incluirán a la entidad Credifimo, de Caixabank.
La PAH acusa a estas entidades y a sus máximos responsables -entre ellos Emilio Botín, Ana Patricia Botín y Alfredo Sáenz- de presuntos delitos de estafa continuada a través de la comercialización sistemática de productos financieros tóxicos: las hipotecas basura o subprime. También por presuntos delitos contra el consumidor, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal, explica la plataforma en nota de prensa.
A las decenas de familias que se adhirieron a la primera demanda en octubre de 2013 contra UCI, se suman otras 40, mientras que contra Credifimo se querellan otras cuarenta, por lo que el número total de personas denunciantes superará los cien.
Según explican los demandantes, tienen indicios de que el grupo Santander y BNP Paribás concedieron créditos para vivienda con condiciones que "hacían previsible el impago de un elevado número" de préstamos sin advertir del riesgo que corrían los firmantes. "El objetivo de esta comercialización con gestión temeraria del riesgo es el ánimo de lucro y la posterior venta de los préstamos a inversores internacionales", lo que conoce como titulización, explican. Una operación que permitía a las entidades dejar esos préstamos fuera de sus balances y poder así conseguir nueva financiación para seguir concediendo hipotecas. Credifimo también habría actuado de manera similar, extendiendo los créditos a viviendas de protección oficial por encima de su valor real, apunta la PAH.
Por ello, este jueves registrarán la ampliación en la Audiencia Nacional para exigir que se abra una investigación judicial sobre estos hechos con protección específica a los denunciantes, la reparación del daño causado y la depuración de responsabilidades de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del sistema de comercialización de productos tóxicos.

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