La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca ampliará este jueves la demanda ante la Audiencia Nacional contra la
financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada al 50% por las entidades Santander y BNP Paribas, así mismo también incluirán a la entidad Credifimo, de Caixabank.
La PAH acusa a estas entidades y a sus
máximos responsables -entre ellos Emilio Botín, Ana Patricia Botín y Alfredo
Sáenz- de presuntos delitos de estafa
continuada a
través de la comercialización sistemática de productos financieros tóxicos: las
hipotecas basura o subprime.
También por presuntos delitos contra el consumidor, contra el orden
socioeconómico y asociación ilícita en concurso
con organización criminal,
explica la plataforma en nota de prensa.
A las decenas de familias que se
adhirieron a la primera demanda en octubre de 2013 contra UCI, se suman otras 40, mientras que contra
Credifimo se querellan otras cuarenta, por lo que el número total de personas
denunciantes superará los cien.
Según explican los demandantes, tienen
indicios de que el grupo Santander y BNP Paribás concedieron créditos para
vivienda con condiciones que "hacían previsible el impago de un elevado
número" de préstamos sin advertir del riesgo que corrían los firmantes.
"El objetivo de esta comercialización con gestión temeraria del riesgo es
el ánimo de lucro y la posterior venta de los préstamos a inversores
internacionales", lo que conoce como titulización,
explican. Una operación que permitía a las entidades dejar esos préstamos fuera
de sus balances y poder así conseguir nueva financiación para seguir
concediendo hipotecas. Credifimo también habría actuado de manera similar,
extendiendo los créditos a viviendas de protección oficial por encima de su
valor real, apunta la PAH.
Por ello, este jueves registrarán la ampliación
en la Audiencia Nacional para exigir que se abra una investigación judicial sobre estos hechos con protección
específica a los denunciantes, la reparación del daño causado y la depuración
de responsabilidades de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del
sistema de comercialización de productos tóxicos.
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