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miércoles, 5 de febrero de 2014

Valores Santander: victoria de un humilde trabajador en paro frente al todopoderoso Santander

Las preferentes comercializadas por las Cajas de Ahorros se han convertido en un drama financiero cotidiano para los españoles. Pero lo que no se conoce tanto es que hubo otros productos que también hicieron un roto en las finanzas de, nada menos, 129.000 inversores. Se trata de Valores Santander, un complicado vehículo financiero en forma de bonos los cinco primeros años que se transformaban obligatoriamente en acciones y que nuestra entidad emitió en octubre de 2007 para captar 7.000 millones de euros y sufragar así la compra del banco holandés ABN Amro.
El motivo por el que apenas nadie habla de ello es porque Banco Santander ha hecho todo lo posible por acallar a los afectados, explica uno de los abogados de uno de los muchos españoles sin formación financiera que suscribieron el complicado producto.
Por otro lado, hace pocos días ha saltado a la luz pública el caso de un desempleado de Cádiz, cuyo caso ha vuelto a revivir la historia de David contra Goliat, actualizada a nuestros tiempos.
Efectivamente, Mario Bocanegra (nuestro David) respira aliviado. Repite una frase: “El primer caso en España”. Desempleado, inmerso en esa edad en la que es viejo para trabajar y joven para jubilarse. La Audiencia Provincial de Cádiz le ha dado la razón en la batalla abierta contra el Banco Santander (Goliat), que tendrá que devolverle sus ahorros con un 4 por ciento de intereses. “Más que la razón a mí me ha dado la vida”.
La historia de Mario es la de un extrabajador de Delphi. La fábrica cerró en 2007, los empleados cobraron una indemnización. En este caso, unos 15.000 euros que decidió ingresarlo en la compañía de Emilio Botín a plazo fijo. “una cantidad para la cuenta de mi hija”, explica.
Su idea era ahorrar, que los ingresos aumentaran un poco, al menos eso le prometieron en la entidad bancaria. “Yo sólo soy un trabajador, les pedí que me explicaran en qué consistía mi inversión y me engañaron, pues dijeron que no corría riesgo y los ahorros subirían”.
Al cabo de los meses, Mario Bocanegra retiró unos mil euros de su cuenta. La sorpresa vino cuando contempló que se habían esfumado más de la mitad de sus ingresos. En ese momento, acudió a Santander para preguntar por lo ocurrido, allí le dijeron que “él había firmado ese contrato, y que cabía la posibilidad de perder dinero”.
“Mis acciones perdieron mucho valor en poco tiempo. Yo me encontraba ajeno a todo y cuando fui a consultar las clausula del acuerdo, observé que entre una montaña de papeles había firmado eso que me decían… Lo hice sin que me explicaran el contenido, ajeno a todo”.
Decidió denunciar el caso, a pesar de que desde la entidad le intentaron persuadir: “Argumentaron que en los costes de un juicio, que iba a perder, gastaría los algo más de 7.000 euros que quedaban”. Sin embargo, siguió adelante con su causa. Una causa que se prolongó en el tiempo y desembocó en la Audiencia Provincial. Allí, le han dado la razón “con una sentencia en firme contra la que no cabe recurso”.
El Banco Santander deberá devolver los 15.000 euros íntegros más un 4% de intereses. El argumento del juez: “El contrato bancario no explicaba las consecuencias que podía acarrear meter ese dinero en dicho producto financiero complejo”. Mario piensa ahora en sus compañeros, muchos también fueron engañados.
“Imagínate, sólo cobro una prestación, poco más de 400 euros, y ahora, de pronto, me dan esta sorpresa… Me han dado la vida”. O al menos una parte importante de ella, dice Mario.
Se trata de la primera sentencia de este tipo que se da en España, aunque sí hay algunas en primera instancia, por lo que es un hito y un resquicio para la esperanza de muchos otros afectados, que han visto perder sus ahorros en productos trampa como éste. Y aunque no siente jurisprudencia, porque para ello se necesitan al menos dos sentencias favorables en el Tribunal Supremo, lo que sí sienta es un precedente judicial del que es muy probable que, cuanto menos, tomen buena nota el resto de tribunales de la provincia de Cádiz, al venir la sentencia de la Audiencia Provincial, máximo órgano judicial en dicha provincia.

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