El departamento de
Empresa y Empleo ultima el diseño de un modelo propio para dar entrada a
empresas privadas en la recolocación de parados en el mercado de trabajo como
colaboradoras de los servicios públicos. El primer plan piloto, dotado con
1,5 millones de euros, estará en marcha dentro de un par de meses y prevé derivar
unos 2.500 parados en estas empresas, que recibirán 600 euros de media por cada
parado a que consigan un contrato, según han explicado a la ARA fuentes
conocedoras de un plan en el que el Gobierno aún trabaja.
Las cantidades
variarán respecto a esta media en función de aspectos como la formación que
tenga el parado, la edad, el tiempo que haga que está en el paro y otras
variables que influyen directamente en la dificultad de conseguir un contrato
de trabajo. También hay que ver qué cantidad se ligará a cada tipo de
trabajo, ya que fuentes sindicales subrayaron el hecho de que no es lo mismo
600 euros por un trabajo indefinido que por un contrato a tiempo parcial o
temporal de tres meses. Las cantidades
que se valoran podrían alcanzar máximos de 1.800 euros por parado en los casos
más difíciles.
A falta de esos
detalles que la Generalitat aún no ha desvelado, sí está confirmado que la
entrada de empresas privadas como las ETT en la intermediación laboral será
pronto una realidad, tal y como permite la reforma laboral.
La Generalitat
desarrollará su propio modelo de colaboración con los agentes privados tras no
firmar el convenio marco estatal, que da un papel preeminente en las grandes
empresas de ETT y de colocación, según hemos criticado los sindicatos, lo que
deja en inferioridad de oportunidades entidades más pequeñas en el mercado de
la intermediación. Según el plan del Ministerio de Trabajo, las agencias
de colocación pueden recibir entre 300 y 3.000 euros por parados recolocados.
El modelo en marcha en
el ámbito estatal ha puesto una partida de 200 millones de euros a repartir
entre las empresas privadas que presenten sus propuestas. Sólo pueden
presentarse a la licitación las que hayan tenido un volumen de negocio anual de
100.000 euros de media en los últimos tres años. Ahora el ministerio
evalúa las propuestas presentadas.
El modelo catalán
quiere respetar la pluralidad de agentes, muchos de los cuales son pequeños y
especializados en la recolocación de colectivos especiales, explicaron fuentes
conocedoras del plan. A partir de la puesta en marcha, se diseñarán
contratos programa plurianuales (para dotar de estabilidad la colaboración
público-privada) con objetivos de colocación concretos.
Los agentes sociales y
grupos de la oposición, han advertido que tendrán que velar porque en las
experiencias de intermediación con privados reine la
igualdad. "Existe el riesgo de que las empresas quieran quedarse los
más fáciles de retornar al mercado de trabajo y dejen los que tienen menos
expectativas a los servicios públicos, lo que crearía como dos categorías de
parados", advirtió nuestro responsable de política sindical de UGT de
Catalunya, Camil Ros.
Será necesario que los
contratos sean escrupulosos para evitar picarescas y vigilar que los programas
que les otorgue el Gobierno no se solapen con otras que les encargan empresas
privadas en procesos de selección de personal, que son los que suelen hacer
empresas como las ETT en la actividad habitual.
El texto de la nueva
ley del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) está ya en la recta final para
ser enviado al Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC) en las
próximas semanas. Las conversaciones con agentes económicos y sociales y
con los partidos políticos están prácticamente terminadas para que el texto
haga camino hacia el Parlamento, donde entrará antes del verano.
El nuevo SOC buscará, según uno de
los últimos borradores de la futura ley, reducir el
número de colaboradores privados que actualmente participan en temas como la
formación y la orientación y que, pronto, también lo harán en la
intermediación. Ahora mismo hay miles de pequeñas y grandes empresas
cooperando con los servicios públicos, pero el Gobierno aspira a reducirlas a
50 o 60.
A propuesta de los
agentes sociales, se están discutiendo vías para que, cuanto menos, los
perceptores de rentas sociales sean derivados de forma prioritaria al SOC para
poner el retorno al mercado laboral como prioridad número 1 en la ayuda que se
le preste.
En las negociaciones
con agentes sociales y patronales, también ha habido diferencias a la hora de
denominar el nuevo modelo. UGT quería que la ley hablara de "sistema
público de empleo", mientras que las patronales criticaban que la
denominación de "público" excluía el mundo privado. Según un
último borrador aún no definitivo, la ley puede hablar de "sistema de
empleo" a secas.
No parece alentador
que el gobierno de CIU, derecha pura y dura, de un paso más para privatizar
todo en Catalunya, al igual que el PP está haciendo en el todo el estado.
El dinero que van a
derivar a empresas privadas, lo podrían dedicar a hacer una verdadera política
de empleo en el que el SOC (Servicio de Ocupación de Catalunya) fuese el
protagonista principal.
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